El sector autopartista colombiano, un engranaje vital que factura $21 billones anuales, ha manifestado su profunda preocupación ante el reciente decreto del Gobierno Nacional que establece el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica por la ola invernal. Según la Asociación del Sector Automotriz y sus Partes (Asopartes), este gravamen pone en jaque la capacidad de reinversión y la modernización tecnológica de más de 65.000 establecimientos en el país.
La medida pretende recaudar $8,3 billones mediante un tributo progresivo para personas jurídicas con patrimonios superiores a los $10.475 millones (200.000 UVT), con tarifas que podrían escalar hasta el 1,6 %. Se estima que unas 15.000 empresas a nivel nacional quedarán sujetas a esta obligación.
Un golpe a la estructura financiera
Para el gremio, el principal problema radica en que el impuesto recae sobre el patrimonio y no sobre la utilidad. Esto implica que las empresas deben pagar independientemente de su desempeño operativo, lo que erosiona directamente la liquidez necesaria para operar en un mercado donde el 85 % de las autopartes son importadas.
Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes, advirtió que la carga fiscal llega en un momento crítico de transición: «Gravar el patrimonio limita la liquidez necesaria para la modernización tecnológica, innovación y generación de empleo formal, justo cuando el sector avanza hacia la electromovilidad y la digitalización».
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