La Contraloría General de la República alertó hoy sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las víctimas del conflicto armado, dado que es insuficiente la destinación de recursos en el documento Conpes 4120 sobre el tema.
Así lo planteó el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, al intervenir desde Montería en el Foro ¿Qué ha pasado con los recursos para el Posconflicto?, recalcando la posición que fijó al respecto el organismo de control en respuesta a un pronunciamiento solicitado por la Corte Constitucional.
En su respuesta al Auto 756 de 2021, proferido por la Magistrada Presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, Gloria Stella Ortiz, la Contraloría General planteó sus observaciones a la Corte Constitucional con el propósito de analizar los avances en la superación de los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales que afectan el Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada.
Según los análisis realizados por la Contraloría, el Conpes 4120 para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas cuenta con una destinación de $142.1 billones, los cuales “resultan insuficientes y no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.
“Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y según nuestros cálculos se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, subrayó el Contralor Delegado para el Posconficto.
Entre esas medidas se encuentran:
*Indemnización: la meta a 10 años y la asignación de $11,5 billones, no se compadece con el universo de víctimas pendientes de atención.
Se necesitan $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años.
*Vivienda: $51 billones para 1 millón de hogares.
*Alimentación: $27 billones para 1,2 millones de personas.
*Retornos y reubicaciones: $15 billones para 1,4 millones de hogares.
No se les ha cumplido con vivienda y generación de ingresos
Dos temas sobre los cuales también se pronunció la CGR en su respuesta a la Corte Constitucional sobre el estado de cosas inconstitucional y el goce efectivo de los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado, son vivienda y generación de ingresos.
En el primer tema, la Contraloría es tajante: aproximadamente a 3 millones de víctimas no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes que representan una vivienda adecuada.
Por otra parte, el Gobierno Nacional en su informe anual 2021, no presenta resultados frente a los indicadores propuestos para la medición del derecho a la generación de ingresos. Hay 1,2 millones de víctimas pendientes de esta medida.
Restitución de Tierras
Los resultados en el tema de restitución de tierras no son menos preocupantes:
*De más de 135 mil solicitudes, se han restituido con sentencia algo más de 12 mil.
*De esa cantidad de solicitudes presentadas, un 24% (32.793) se encuentran en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los que mayor número de solicitudes tienen (cada uno con el 6%). Les siguen Magdalena (5%) y Córdoba (3%).
*De las más de seis millones de hectáreas proyectadas para restituir, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre 169.224 héctáreas.
*No se cuenta con una cifra exacta de hectáreas efectivamente restituidas a las víctimas.
*Y solo el 45% de las solicitudes con demanda, cuentan con sentencia judicial.
Nueva Actuación Especial de Fiscalización
a la UARIV ante alertas de la DIARI
El tema de indemnizaciones se han producido algunas alertas por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría General de la República.
Una alerta que se dio en 2021 es que hay 75 personas fallecidas indemnizadas en una cuantía de $647,3 millones.
Por este motivo, la Contraloría realizará una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en donde se revisarán los siguientes aspectos:
*1.093 casos correspondientes a giros de indemnizaciones que carecen de información clave para su seguimiento, como las fechas de pago o reintegro.
*263 giros a beneficiarios del programa de Atención y Ayuda Humanitaria que se encuentran fallecidos a la fecha según la Registraduría, los cuales no cuentan fechas de cobro o reintegro en las bases de datos.
*Y 137 giros del programa de Atención y Ayuda Humanitaria realizados por la UARIV a entidad bancaria, dirigidos a beneficiarios que se encontraban fallecidos.
Faltan recursos para implementación del PNIS
Otro tema sobre el cual llama la atención el Contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, es que la Contraloría ha identificado como riesgo la falta de recursos para la implementación del Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
De $3,5 billones, aún hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones, lo que retrasa la ruta de intervención.
En la Región Caribe se atienden con este programa a 8.013 familias, de las cuales 6.397 están focalizadas en el departamento de Córdoba.
Así mismo, en la Región Caribe se han sustituido 4.672 hectáreas, de las cuales 2.593 corresponden a Córdoba.
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