Las gobernaciones de varios departamentos manifestaron su profunda preocupación ante el avance del Proyecto de Ley 422 de 2025 Senado – 308 de 2023 Cámara, que busca aumentar el impuesto al consumo de cigarrillos y establecer una nueva tarifa impositiva para productos de nicotina y vapeadores.
Durante una mesa técnica convocada por la Comisión Tercera del Senado, los secretarios de rentas departamentales advirtieron que, si bien la intención recaudatoria puede parecer lógica, la medida podría incrementar el contrabando y reducir el recaudo efectivo, replicando experiencias negativas del pasado.
Antecedentes que preocupan
Según Gerardo Rodríguez, director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, una experiencia similar ocurrió entre 2016 y 2018, cuando tras la Ley 1819 de 2016, el impuesto al cigarrillo se duplicó. El resultado: un alza inmediata en el contrabando, como lo demuestra el comportamiento registrado en esa época.
“Aplicar incrementos sin medir el impacto puede ser contraproducente. La curva de Laffer lo demuestra: más impuestos no siempre significan más ingresos”, señaló Rodríguez.
En la actualidad, una cajetilla legal podría llegar a costar $17.000, mientras que la versión ilegal ronda los $5.500. Esta diferencia podría acelerar el desplazamiento del consumo hacia el mercado ilegal, especialmente en regiones fronterizas y de difícil control.
El debate sobre los vapeadores
Las entidades territoriales reconocen que es necesario gravar los productos alternativos de nicotina, actualmente sin regulación fiscal. Sin embargo, advierten que debe hacerse con criterios técnicos, analizando elasticidad, progresividad y proporcionalidad.
“No se puede repetir el error del cigarrillo tradicional, cargando excesivamente los nuevos productos sin una estrategia fiscal clara”, añadió Rodríguez.
Llamado a una reforma integral
Ofelia Velásquez, secretaria de despacho de la Gobernación de Antioquia, recalcó que cualquier reforma de esta magnitud debe contemplar el fortalecimiento institucional de los entes que tendrán a su cargo la fiscalización, monitoreo y control del recaudo.
“Sin recursos ni capacidad técnica, los departamentos no podrán garantizar la correcta implementación de este nuevo esquema tributario”, afirmó.
Las gobernaciones concluyeron que se requiere una reforma fiscal integral, técnica y equilibrada, que contribuya al bienestar público sin poner en riesgo los ingresos regionales ni alimentar el comercio ilegal.
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