Debido a las dudas que se tienen por el cumplimiento del cronograma de EPM para la activación de las dos primeras turbinas de generación de energía de la central hidroeléctrica Hidroituango, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, visitó la central eléctrica para hacerle seguimiento a los recursos monetarios recuperados y asegurar la entrada en operación de este importante proyecto hidroeléctrico.
“Estamos instalando la mesa de especial seguimiento para que no se nos pierda ni un solo peso de esos $4,3 billones que la Contraloría General ha recuperado hasta el día de hoy”, dijo el contralor.
Se trata de realizar un seguimiento permanente a la inversión de estos recursos monetarios, utilizando los recursos humanos y tecnológicos de la Contraloría, para verificar que sean ejecutados de forma adecuada y oportuna, y con pleno cumplimiento del cronograma que EPM ha establecido para que, en julio y noviembre de este año, se inicie la generación de energía de las dos primeras turbinas.
El pasado 10 de diciembre de 2021, la Aseguradora Mapfre, en virtud de la póliza todo riesgo que aseguraba el proyecto Hidroituango, llegó a un acuerdo de transacción con EPM en el cual se incluyó el monto determinado en el proceso de responsabilidad fiscal como daño.
En virtud de dicho Acuerdo de Transacción, se logró el resarcimiento total del daño fiscal establecido por la CGR. La Aseguradora Mapfre realizó el último pago el martes 25 de enero de 2022, por la suma de 633,8 millones de dólares. Ya había dado otros 350 millones de dólares a EPM con ocasión de los pagos hechos a partir de la contingencia de septiembre de 2018, con la cual completó 983,8 millones de dólares de la indemnización, bajo la póliza Todo Riesgo Construcción.
Así mismo, desde diciembre de 2021 las aseguradoras AXXA COLPATRIA, SBS y SURAMERICANA realizaron el pago de las indemnizaciones correspondientes a las pólizas que afianzaban a los directivos del proyecto. Una vez que EPM certificó el pago total de las indemnizaciones, la Contraloría General de la República declaró resarcido integralmente el daño patrimonial de $4,3 billones que había determinado en su fallo fiscal de segunda instancia sobre el caso Hidroituango.
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