Durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la Superintendencia Nacional de Salud fortaleció sus acciones de control sobre sus vigilados y retomó su capacidad sancionatoria disminuyendo las amonestaciones, aumentando las multas a todos los actores infractores del sistema de salud para garantizar el derecho a la salud de los usuarios y para proteger los recursos públicos del sector.
Como resultado del restablecimiento del control, durante los primeros 16 meses de Gobierno (agosto 2022- diciembre 2023), la Supersalud alcanzó una cifra récord en multas que ascendió a los 169.868 millones de pesos, con una mayor concentración en las deficiencias en la prestación de servicios, impuestas mayoritariamente a EPS por vulnerar el derecho fundamental a la salud de los usuarios.
Para el Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, estas elevadas cifras “demuestran la grave situación en la que se encuentra el sistema de salud en el país y evidencian el compromiso de la Supersalud en su empeño por defender el derecho a la salud de los usuarios del sistema de salud”.
Durante el Gobierno del Cambio, la Supersalud ha impuesto un total de 524 sanciones, de las cuales 413 fueron multas en primera instancia y 111 amonestaciones, relacionadas con el incumplimiento a la normatividad vigente y las obligaciones por parte las entidades responsables del aseguramiento en salud, la prestación de los servicios y la supervisión territorial, principalmente.
“No somos mejores entre más sanciones impongamos, lo que nos hace realmente más eficientes son las acciones que garanticen salvar más vidas y proteger la salud de más personas en el territorio nacional”, agregó Beltrán López.
La mayor cantidad de multas y amonestaciones fueron ordenadas sobre las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB); entre las que se encuentran las EPS que operan los regímenes contributivo y subsidiado -activas y en liquidación-, las EPS indígenas y los programas de salud de las cajas de compensación familiar (CCF), las cuales suman en total 149 multas, alcanzando un monto de $80.527 millones.
Le siguen en su orden, por monto alcanzado, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con 39 multas que sumaron $27.971 millones; posteriormente 107 sanciones a personas naturales, cuyo valor en multas sumaron $19.870 millones.
También se impusieron multas a algunos entes territoriales y a generadores, recaudadores y administradores de recursos financieros del sistema; los primeros, con 42 multas que sumaron $15.775 millones y los segundos, con 76 multas, las cuales totalizaron $25.723 millones de pesos.
Los principales motivos por los cuales se impusieron sanciones se relacionan con: denegación y deficiencias en prestación de servicios, fallas en los reportes de información a la Supersalud e incumplimiento en el flujo de los recursos entre actores del sistema.
Beltrán López destacó como uno de los principales logros de la actual Superintendencia, el restablecimiento de la función de control por parte de la Entidad sobre los vigilados que vulneran el derecho a la salud de todos los usuarios, y reafirmó su compromiso de hacer de la Superintendencia una entidad amiga, aliada y efectivamente solidaria con los usuarios, al garantizar soluciones efectivas y hacer presencia funcional en los territorios más vulnerables del país.
Durante los primeros 16 meses del actual gobierno, la Delegatura de Investigaciones Administrativas de la Supersalud dio apertura a 511 investigaciones sobre los actores del sistema de salud para establecer el inicio de una investigación administrativa con fines sancionatorios.
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