La Procuraduría General de la Nación sancionó con suspensión de cuatro meses al ex-gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, Juan Agustín Ramírez Montoya, y por seis meses a la subgerente administrativa, Soraya Tatiana Cáceres Santos, por irregularidades al contratar la elaboración de una obra digital con la historia del hospital, por $58.000.000, en plena época de la emergencia sanitaria por el covid-19.
En fallo de primera instancia el órgano de control estableció que los disciplinados infringieron los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad de la contratación estatal al celebrar el Contrato de Prestación de Servicios Nº 153 el 20 de marzo de 2020 para la elaboración de la obra literaria, sin tener en cuenta que el negocio jurídico no contribuía con las metas y objetivos institucionales para la correcta prestación de los servicios de salud y que el estado de emergencia derivado de la pandemia imponía planear una debida asignación y ejecución de recursos.
La PGN encontró que el gerente fue quien celebró el negocio jurídico y la subgerente quien suscribió los estudios previos donde debió justificar y evaluar el riesgo del proceso de selección por contratación directa, ya que se había declarado la emergencia sanitaria en el país.
El ente de control recordó que según principio de planeación previsto en el manual de contratación de la ESE, la entidad debía tener en cuenta la oportunidad y evaluar el riesgo del proceso contractual para el cumplimiento de las metas y objetivos de la ESE, y advirtió que “no resulta ajustado a ese pilar celebrar un contrato para recopilar la historia de la entidad cuando como ente del sector salud debía disponer de todos los recursos físicos, humanos y por supuesto dinerarios, para atender lo relacionado con el covid-19”.
Agregó que “esta instancia tiene claro que los hospitales cumplen diferentes objetivos, empero los principales están relacionados con la prestación de servicios de salud y para el momento de los hechos investigados, en el cual todos los esfuerzos y recursos debían estar orientados a la contención, atención y mitigación de la pandemia ocasionada por el virus covid-19, no resultaba oportuno gastar $58.000.000 para ejecutar un contrato cuyo objeto era la elaboración de una obra literaria relacionada con la historia del hospital”.
La Procuraduría calificó la falta de los disciplinados como grave a título de culpa gravísima por desatención elemental de deberes.
Contra esta decisión de primera instancia procede recurso de apelación.
