A través de comunicación enviada hoy a gobernadores, alcaldes, consejos directivos, rectores y directores de establecimientos educativos, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, recordó que es potestad exclusiva del Gobierno Nacional autorizar cualquier modificación o alteración del calendario, jornada u horarios académicos en el país, reiterando la necesidad de cumplir la normativa en esa materia frente a la importancia y trascendencia de garantizar la prestación del servicio público y el derecho a la educación.
“No le es dado a las autoridades territoriales, consejos directivos, rectores y directores de establecimientos educativos aprobar o permitir cambios que resulten contrarios a las disposiciones contenidas en el Decreto 1850 de 2002”, señaló el jefe del Ministerio Público en su misiva.
El procurador general resaltó que la única excepción en la materia se encuentra ligada a la ocurrencia de hechos que alteren el orden público, “lo que en todo caso deberá analizarse previa verificación de la existencia de todos sus elementos constitutivos”.
La Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, estará atenta al cumplimiento de lo estipulado en esa materia, en busca de garantizar el derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos en establecimientos públicos de todo el territorio nacional.
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