La violencia es una realidad mundial, histórica, cambiante y permanente. Es un fenómeno complejo y multifacético que puede manifestarse en diferentes formas y contextos, y Colombia no es ajena a esta situación. Lamentablemente, Norte de Santander es uno de esos territorios duramente afectados por este flagelo, que ha dejado 260.990 víctimas; de las cuales, 225.541 son sujetos de atención y/o reparación, según las estadísticas de la Unidad para las Víctimas del departamento.
Debe entenderse que la violencia tiene graves consecuencias para las personas que la sufren, ya que puede causar daños físicos, emocionales, psicológicos y sociales. Además, tiene consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto, aumentando la desigualdad, la exclusión y la discriminación, socavando los derechos humanos y la democracia.
Es por ello, que se considera a la agresión como algo dañino para las personas, y para la sociedad, y los ciudadanos tienen el compromiso de romper con este círculo vicioso. Pero ¿se puede hablar de no querer más violencia o guerra desconociendo y revictimizando a quienes la han sufrido?
Según María Susana Marlés Herrera, profesora e investigadora, coordinadora del Semillero en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (Sindeh) de la Universidad Simón Bolívar, no puede haber ciudadanía más equivocada que aquella que ignora o desconoce a las víctimas y de paso, las revictimiza. No sólo porque es necesario promover la cultura de la no violencia y buscar formas pacíficas de resolver los conflictos, ya que esto contribuye a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, sino porque, de hecho, revictimizar reconstruye la apuesta por la paz, uno de los temas más intrincados en el país por décadas.
Marlés Herrera, señaló que se descompone la paz cuando se desconocen a las víctimas o se les sigue maltratando. “Todos podemos sumar esfuerzos para que su condición de víctima sea superada y, al final, seamos ciudadanos y ciudadanas con derechos desde la seguridad jurídica, pero también respetando la diversidad étnica territorial y desde el enfoque en tanto sujetos de especial protección constitucional en términos de mujer, niñez, juventud, tercera edad e indígenas y afros”.
De hecho, la catedrática Unisimón junto a sus estudiantes y los profesores investigadores Juan Pablo Jaimes y Frank Orduz, líderes de los semilleros en Derechos Humanos y Garantías y Psicojurídico, además de los profesores Jovany Gómez, Nahín Numa Sanjuan y Yotuhel Díaz, con el acompañamiento de la Cooperación alemana GIZ/GOPA, avanzaron en un estudio de reconocimiento a las víctimas en la búsqueda de comprender los contextos, causas, orígenes y persistencias del conflicto armado en el país, para que la universidad en su conjunto, evalúe sus currículos y los adapte con un enfoque diferencial hacia esta población.
2.246 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar fueron caracterizados identificando a 498 personas que se reconocieron como víctimas del conflicto armado, migrantes/retornados. La Institución de Educación Superior les brinda educación con calidad e integral, cumpliendo así su compromiso por la paz.
Y es que todas las instituciones, públicas y privadas, tienen un papel crucial en la reparación a las víctimas de la violencia. Una forma de hacerlo es a través de la implementación de políticas públicas que las tengan en cuenta. Estas políticas deben ser inclusivas y garantizar el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Es fundamental que las instituciones trabajen en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales para garantizar que se satisfagan las necesidades específicas de cada víctima.
El Estado también tiene un papel importante en la reparación a las víctimas de la violencia. De ahí que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras ha establecido un marco legal para la reparación a las víctimas de la violencia. Esta ley incluye medidas para la restitución de tierras, la atención en salud, la educación y la asistencia psicosocial. Los Gobiernos también han creado programas para garantizar la inclusión social y económica de las víctimas, lo que les permitirá reconstruir sus vidas y recuperar su dignidad.
Según la profesora e investigadora, las universidades pueden contribuir a la reparación a las víctimas de la violencia. Una forma de hacerlo es a través de la investigación y el análisis crítico de las causas y consecuencias de la violencia, algo en lo cual viene avanzado la Universidad Simón Bolívar con el objetivo de adecuar sus currículos, ofreciendo programas académicos y de capacitación para las víctimas de la violencia y sus familias.
No obstante, no hay avances significativos para prevenir la revictimización. Marlés Herrera dijo que le sorprende las actitudes y el lenguaje usado. “La violencia no solamente es armada, también es social y hasta cultural. Los escenarios académicos, económicos y lo cotidiano, no permiten, cómo están actualmente, un resarcimiento y reconocimiento de los derechos que les asisten a las víctimas, y no por ser víctimas, sino por ser ciudadanos que requieren desde cualquier punto de vista ser reconocidos en términos de su seguridad jurídica y de los derechos que les competen por el solo hecho de ser personas”, sostuvo.
Finalmente, los habitantes también tienen un rol trascendental en esta reparación, pudiendo contribuir al denunciar cualquier acto de violencia del cual sean testigos o víctimas. Asimismo, pueden involucrarse en iniciativas, como sociedad civil, que promuevan la reconciliación y la construcción de paz.
Es importante que todos se involucren en su reconocimiento, apoyando a las víctimas y trabajando juntos para construir una sociedad más justa y pacífica. En conclusión, añadió la profesora de la Unisimón, es fundamental reconocer que la reparación a las víctimas es una responsabilidad compartida por diversos actores del tejido social.
* Artículo producido en el marco de la Alianza Unisimón con el diario La Opinión.
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