Personas inescrupulosas siguen realizando llamadas telefónicas a alcaldes municipales y gerentes de empresas de servicios públicos, entre otras entidades, suplantando a directivos de la Contraloría General de la República, más recientemente a los Contralores Delegados de Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes Bustamante, y de Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda.
En estas falsas llamadas donde se involucró a los dos funcionarios citados, se convocó a una reunión con autoridades municipales, ejerciendo presiones o constreñimientos si no se asistía.
Para el caso del Delegado de Vivienda y Saneamiento Básico, alguien se hizo pasar por él para llamar al gerente de la Empresa Triple A del Norte y exigirle en forma perentoria su asistencia a una reunión supuestamente convocada por el alcalde y el Personero del Municipio de San Onofre (Sucre).
La reunión tendría como objeto efectuar seguimiento a los servicios de acueducto y alcantarillado de este municipio. Eso aseguró el suplantador.
La llamada se hizo desde un celular que no es del funcionario de la CGR, quien ya presentó la respectiva denuncia ante las autoridades competentes.
El objetivo de la denuncia es que se realice la respetiva investigación y de paso evitar que otras entidades públicas, o privadas, sean víctimas de esta clase de constreñimientos o presiones.
Llamado de la Contraloría
Dado lo anterior, la CGR precisa nuevamente que ningún Contralor Delegado solicita o solicitará a los gestores fiscales o representantes de entidades públicas o privadas, reuniones de carácter privado y, sin previa citación.
Las reuniones requeridas para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal son programadas por la vía institucional (correo electrónico CGR, plataforma Teams CGR, etc.)
Por consiguiente, el organismo de control formula un llamado especial a las autoridades en general a las entidades públicas y privadas, funcionarios, contratistas, para que no accedan a este tipo de solicitudes delictivas y, mucho menos, considerar que la Contraloría General de la República, realiza a través de las líneas telefónicas presiones o constreñimientos de esta clase a las entidades públicas o privadas, con la excusa de estar cumpliendo con la función constitucional del ejercicio de la vigilancia y el control fiscal sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.
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