El hurto de vehículos, motocicletas y autopartes en Colombia alcanza cifras alarmantes. Entre enero y julio de este año, la Policía Nacional reportó el robo de 19.638 motocicletas, 5.100 vehículos y 2.900 piezas automotrices, con un impacto económico estimado en $410.000 millones, según datos del SIEDCO.
A este panorama se suma el contrabando: la DIAN estima que el 10% de los repuestos ingresan de forma ilegal. En 2024, de los US$2.600 millones importados, cerca de US$260 millones lo hicieron por canales irregulares, fortaleciendo un mercado paralelo que golpea la seguridad vial y la economía formal.
El ciclo del mercado ilegal
“El circuito inicia con el hurto, se alimenta del contrabando y compite deslealmente con el comercio formal”, explicó Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes. Los repuestos más apetecidos son espejos, llantas y unidades de control electrónico (ECU), debido a su fácil comercialización y alta demanda.
Los robos afectan especialmente a motocicletas de marcas Bajaj y AKT, y a vehículos Toyota, Kia, Chevrolet y Mazda. En muchos casos, las piezas terminan en talleres informales sin certificación técnica, aumentando riesgos de seguridad en las vías.
Impacto económico y social
El gremio advierte que el fenómeno afecta el empleo formal, la inversión en inventarios y la innovación tecnológica. Cada pieza robada o de contrabando se traduce en menos ventas para el comercio legal y en un freno al crecimiento de la industria automotriz.
Casos recientes, como el robo de 986 baterías en Bogotá en agosto —avaluado en $800 millones—, demuestran la capacidad de las redes criminales para movilizar grandes volúmenes de autopartes robadas.
Propuestas de acción
Asopartes plantea cinco ejes para enfrentar esta problemática: mayor control y trazabilidad en partes críticas, promoción de compras seguras, judicialización efectiva contra receptadores, campañas ciudadanas que incentiven el repuesto legal y programas de capacitación técnica para proteger el empleo formal.
La asociación insiste en que enfrentar este mercado ilegal requiere un esfuerzo conjunto entre Estado, consumidores y sector privado. Comprar en canales formales es la mejor forma de restar poder a las mafias, fortalecer la industria y garantizar la seguridad vial en el país.
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