Cúcuta, Norte de Santander | 20 de enero de 2026. — Tras permanecer 13 días en cautiverio, cinco uniformados de la Policía Nacional recuperaron su libertad este lunes 19 de enero en la región del Catatumbo. Los uniformados habían sido retenidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 6 de enero, cuando se movilizaban de civil en un bus de servicio público.
La entrega se realizó en una zona rural del departamento a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. Los liberados fueron identificados como José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz.
Detalles del cautiverio y la entrega
El secuestro se registró en el sector de La Llana, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Tibú. Los policías regresaban de su permiso de fin de año cuando hombres armados interceptaron el vehículo, revisaron los dispositivos móviles de los pasajeros y, al confirmar su identidad como funcionarios de la fuerza pública, los obligaron a descender.
De acuerdo con el reporte oficial de la Defensoría del Pueblo, los uniformados fueron hallados en buen estado de salud físico y mental. “Un alivio esta liberación para ellos y sus familias. Insistimos en la liberación de decenas de personas que continúan secuestradas por el ELN en Norte de Santander, Arauca y otras partes del país”, declaró Iris Marín, defensora del Pueblo.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
Este hecho se enmarca en una compleja situación de orden público en la región. Recientemente, el Ejército Nacional asestó un golpe financiero al ELN en la zona, destruyendo laboratorios avaluados en más de $5.000 millones de pesos. La Defensoría advirtió que los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de «Calarcá» han desplazado a más de 100.000 personas en el último año.
Por su parte, el general William Rincón, director de la Policía Nacional, celebró el regreso de los uniformados pero calificó el acto como una vulneración a la dignidad nacional, recordando que se mantenía una recompensa de hasta $200 millones por los responsables de este plagio.
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