En Colombia, la necesidad de discutir el actual paradigma de distribución de poder y manejo de recursos económicos se vuelve cada vez más urgente. Este debate es clave para el desarrollo territorial, ya que una redistribución más justa de los recursos permitiría a los gobernantes locales tener mayor capacidad de decisión e inversión en sus regiones, superando la centralización que actualmente ejerce el Gobierno Nacional.
Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, ha dado los primeros pasos hacia un cambio significativo: busca que las regiones puedan gestionar sus propios fondos, reduciendo su dependencia del gobierno central y ganando autonomía financiera. Para ello, es necesario modificar el artículo 298 de la Constitución, permitiendo que los departamentos y el distrito capital administren impuestos de renta y patrimonio.
Actualmente, la Nación recauda 100 billones de pesos en impuestos directos, de los cuales solo 51 billones se transfieren a las regiones. La propuesta de Rendón busca reequilibrar esta situación, asegurando que los recursos lleguen de forma directa a los departamentos, fomentando la inversión social y una mayor equidad, alineada con las necesidades locales.
Con el fin de materializar este cambio, se presentó un comité para recolectar dos millones de firmas necesarias para convocar un referendo que permita someter la iniciativa a la consideración de la ciudadanía. Este comité incluye figuras destacadas como Ana Lucía Villa, exdirectora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda; Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta; Diego Santos Caballero, exdirector de Twitter Colombia; María del Rosario Guerra, exministra de Comunicaciones; Carlos Gustavo Cano, exministro de Agricultura; Hilduara Barliza Brito, exdirectora de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior; Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, y la abogada y líder social Aura Juliana Castañeda Galvis.
Este esfuerzo, liderado por el gobernador de Antioquia, promete un futuro en el que las regiones colombianas gestionen sus propios recursos y decisiones, impulsando así un desarrollo más equitativo y autónomo en el país.
