“El cúmulo de acciones de tutela, amenazó con colapsar el aparato judicial”
Durante septiembre el cuerpo de abogados de planta de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, más otro tanto de juristas externos, tuvieron que enfrentar un torrente de Acciones de Tutela, 250, interpuestas por vendedores informales que buscaban reivindicar el derecho al trabajo y el mínimo vital, presuntamente vulnerados por la política de recuperación de espacio público adelantada por la Administración Municipal.
El Alcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez-París Lobo, destacó el valor de la tutela como el medio constitucional para ejercer la protesta, pero resaltando el hecho que esas 250 tutelas, resultaron favoreciendo la acción de la Administración Municipal para recuperar el espacio público de la ciudad y hacer respetar la ley.
Las acciones constitucionales que amenazaron con colapsar el aparato judicial, fueron admitidas en los juzgados 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º penales municipales con función de garantías, civiles municipales 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, como en el 6º Civil del Circuito y 2º Penal del Circuito para Adolescentes, entre otros.
Coincidencia o no, las Acciones de Tutela, se presentaron a manera de formato, en el que el accionante se
limitó a firmar y consignar el número de cédula, como el lugar de residencia.
Señala el texto de las tutelas que en los operativos adelantados por personal de la Policía Nacional como por los “braceros”, no se mediaba procedimiento administrativo. Igual que la Administración Municipal, era permisiva con la actividad de los informales y la ciudadanía aquiescente al adquirir los productos en venta.
Según la Alcaldía no se ha violentado el derecho al trabajo y mucho menos, su política administrativa es hacer más gravosa la situación de los informales, pero la obligación constitucional le obliga a implementar medios correctivos para garantizar un espacio público adecuado, sin violentar los derechos de los demás ciudadanos.
La jurisprudencia, reconoce que la recuperación del espacio público es un deber constitucional y que la limitante al ejercicio que hacen los vendedores informales en el, tiene unas reglas que no pueden ser consideradas como un impedimento para la libertad de las personas.
Por eso la Administración Municipal ha propuesto fórmulas para que los vendedores puedan ejercer su actividad de manera ordenada, en lugares como: Centro Comercial Oití, Centro Comercial Las Mercedes, el Parque Lineal y para los vendedores de perecederos en la Nueva Sexta.
Los jueces de la república, conservando su autonomía, coincidieron al fallar las acciones de tutela en declararlas improcedentes, teniendo en cuenta que la constitución política ha impuesto al Estado colombiano el deber de velar por la integridad y destinación al uso común del espacio público, pues este es un bien que no se puede vender, embargar y ocupar.
Reconocen los jueces de tutela que la Alcaldía de Cúcuta, en su interés por la recuperación del espacio público, ha procurado armonizar los intereses y derechos de los vendedores informales y se ve reflejado en el tránsito por las diferentes calles de la ciudad.
En concreto, los fallos destacan que la Administración ha sido respetuosa del trámite administrativo para adelantar la recuperación del espacio público, en la medida en que se generó la información correspondiente y dispuso la ubicación temporal de los vendedores, en zonas destinadas para tal efecto, como se desprende del acta de enero 13, suscrita con los sindicatos de vendedores ambulantes.
Otra característica de la política de recuperación del espacio público que fue tenida en cuenta en las decisiones de los jueces de tutela, es el hecho de que no puede predicarse una conducta arbitraria o desigual por parte de la Administración, frente a los vendedores informales.
Se desvela en los considerandos de las decisiones de tutela, que varios de los accionantes manifestaron su inconformidad contra la Administración Municipal, recurriendo a esta acción constitucional (tutela), sin siquiera manifestar las razones por las cuales no se hicieron parte del proceso de reubicación correspondiente.
Razón para que los informales, mal pudieran decir que se vulneraban derechos fundamentales y al tiempo no aportaran las pruebas respecto de un eventual incumplimiento de la Administración, respecto de la reubicación.
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