En aras de reforzar las acciones de inspección y vigilancia a las Secretarías de Salud, Departamentos Administrativos y Direcciones Territoriales de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud viene realizando la evaluación a los actores vigilados frente al cumplimiento de los lineamientos expedidos por el ente regulador, y el uso eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los 32 departamentos del país.
“El diagnóstico que hemos realizado durante estos cuatro meses de trabajo nos ha permitido consolidar una hoja de ruta que además nos generó unas alertas claras que hoy son prioridad para la Entidad en aras de garantizar la vida y salud de los ciudadanos”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López.
Como resultado de este ejercicio, a la fecha, se han efectuado un total de 38 auditorías a las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales para verificar aspectos trazadores importantes como:
1-. La operación de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres-CRUE.
2-. La implementación de los Sistemas de Emergencias Médicas – SEM.
3-. El seguimiento a la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones y Subsidio a la Oferta.
Asimismo, se han desarrollado 11 visitas a los generadores, recaudadores y administradores de recursos del sector salud; y adicionalmente, se han realizado 49 mesas técnicas para monitorear el cumplimiento de los temas priorizados por el Gobierno Nacional como son:
-. Plan de aceleración para la reducción de Mortalidad Materna
-. Desnutrición en niños menores de 5 años.
-. Coberturas del programa ampliado de inmunizaciones y campaña de vacunación contra Sarampión y Rubéola.
-. La contratación del Plan de Intervenciones Colectivas y Gestión en la Salud Pública.
-.El Plan de contingencia para el control de brotes y epidemias de dengue.
-. Los laboratorios de salud pública.
Dentro de las acciones de inspección y vigilancia ejecutadas por la Supersalud en las entidades territoriales, se han evidenciado fallas de tipo administrativas, financieras y jurídicas que ponen en riesgo la salud pública de los habitantes del territorio y la ejecución eficiente de los recursos del sistema de salud razón por la cual se han ordenado investigaciones administrativas con fines sancionatorios que permitan generar los correctivos necesarios y la implementación de un plan de acción que estabilice la operación de estas autoridades en territorio.
Como resultado de este ejercicio, priorizado por la actual administración se trasladaron 23 procesos a la delegada de Investigaciones Administrativas de la Supersalud.
Sanciones a Entes Territoriales, Generadores, Recaudadores y Administradores de recursos del SGSSS Desde el pasado mes de agosto, el ente de control inició 49 procesos administrativos sancionatorios y a la fecha impuso 41 sanciones en primera instancia a entes territoriales, generadores, recaudadores y administradores de recursos del SGSSS y personas naturales. Las sanciones ascienden a más de $6.955 millones, de las cuales: 7 se impusieron a entes territoriales por un valor de $2.080 millones, 7 más a personas naturales de los cuales 6 (seis) corresponden a amonestación escrita y uno (1) a multa por valor de $100 millones y 27 (veintisiete) a generadores por un valor de $4.775.000.000 millones.
Multas recientes Dentro de las acciones de inspección desplegadas, se identificó el incumplimiento a las instrucciones y órdenes impartidas por el Instituto Nacional de Salud y el ente de control para la correcta operación del Laboratorio de Salud Pública de La Guajira, en especial en lo que tiene que ver con el procesamiento de muestras diagnósticas para COVID-19, razón por la que se concluyó que no garantizó su operabilidad con respecto a la caracterización y ejecución del proceso relacionado con las acciones colectivas, lo que impuso barreras a los usuarios de accesibilidad, continuidad y oportunidad en los servicios requeridos.
En segunda instancia, se confirmó una sanción por 200 salarios mínimos ($200 millones) al departamento de Risaralda – Secretaría de Salud Departamental, por los hallazgos evidenciados durante una visita inspectiva llevada a cabo entre el 10 y 14 de junio de 2019. Dentro de los incumplimientos se evidenció que, la entidad no realizó las acciones de vigilancia a las EPS de su jurisdicción para garantizar la atención integral de los pacientes con enfermedades de alto costo, situación que fue verificada en el seguimiento telefónico efectuado a cuatro pacientes con diagnóstico de enfermedades huérfanas.
De igual manera se logró establecer, que el departamento no garantizó la cobertura universal de la población a su cargo, al identificarse que niños con diagnóstico de desnutrición aguda no se encontraban dentro de la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en salud.
Asimismo, con una amonestación escrita, el ente de control también sancionó a Jorge Bernal Conde, en su calidad de secretario de Salud del Magdalena, para la época de los hechos materia de investigación, al encontrarse que incumplió con obligaciones de reporte de información, al no remitir dentro de la oportunidad señalada la información con el objeto de adelantar el seguimiento y evaluación de los pagos efectuados y/o cobros recibidos en las entidades territoriales por concepto del medicamento VIMIZIN, está indicado para el tratamiento de la mucopolisacáridos, tipo IVA (síndrome de Morquio. A, MPS IVA) en pacientes de todas las edades.
Por el incumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia, relacionadas con reportes de información financiera, fueron sancionados los generadores MALTA INT S.A.S., con una multa equivalente a 250 salarios mínimos ($250 millones), y la Fábrica Nacional De Cervezas de Colombia S.A.S. – FANCECOL S.A.S., con una multa equivalente a 275 salarios mínimos ($275 millones).
Finalmente, el pasado 24 de noviembre, la delegatura para Investigaciones Administrativas de la Superintendencia Nacional de Salud inició una investigación administrativa en contra del departamento del Atlántico – Secretaría de Salud, por el presunto incumplimiento en los acuerdos de pago suscritos el 1 de octubre de 2021 en una mesa de flujo de recursos realizada entre el departamento y las IPS Fundación Clínica Materno Infantil Adela de Char (por $3 millones) y La Fundación Hospital Universidad del Norte (por $69 millones).
