Ante el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Federación Nacional de Industriales de la Madera –FEDEMADERAS– alzó su voz para exigir respuestas estructurales a la persistente violencia política en Colombia. Para el gremio, el país enfrenta desafíos que van más allá de lo coyuntural y que requieren soluciones productivas de largo plazo, centradas en la generación de oportunidades, especialmente en el sector rural.
“Debemos pensar en el país que queremos dejar a las próximas generaciones. A problemas estructurales, soluciones sostenibles y perdurables en el tiempo”, afirmó Juan Miguel Vásquez, director ejecutivo nacional de FEDEMADERAS.
Economía forestal: eje estratégico para el desarrollo rural
Desde hace varios años, FEDEMADERAS promueve la economía forestal como un motor de transformación económica, social y ambiental. Durante la I Semana de la Bioeconomía, celebrada en Medellín, el gremio destacó la importancia de garantizar entornos seguros, con reglas claras y condiciones adecuadas para la inversión y el desarrollo rural. Un enfoque que compartió el propio senador Uribe antes del atentado.
Sin embargo, los avances se ven obstaculizados por diversos factores:
1. Escalada de amenazas en zonas forestales
Departamentos como Antioquia, Magdalena, Cauca y Guaviare reportan amenazas crecientes contra empresas vinculadas a la reforestación y transformación de madera. Algunos inversionistas europeos han suspendido operaciones por falta de garantías de seguridad, sin una respuesta clara del Gobierno Nacional.
2. Competencia desleal y falta de control tributario
FEDEMADERAS, junto a Camacol Bogotá, ha advertido sobre la evasión del IVA en la instalación de madera arquitectónica, lo cual distorsiona el mercado. Aunque existen normas claras como el Decreto 570 de 1984 y los artículos 422 y 447 del Estatuto Tributario, la DIAN aún no se pronuncia.
3. Obstáculos para la exportación
La exportación de madera, especialmente de teca hacia la India, se encuentra bloqueada por una resolución del Ministerio de Salud que permite el uso de un químico cuestionado internacionalmente. Esta situación, sin resolver desde abril de 2024, ha puesto en riesgo más de 2.000 empleos. Además, nuevas restricciones del Ministerio de Ambiente impiden utilizar el puerto de Tolú para exportaciones, afectando la competitividad logística del país.
Un llamado a la articulación institucional
Juan Miguel Vásquez subraya que estas dificultades evidencian una falta de visión de futuro y de articulación entre las entidades del Estado. “Las trabas para lo legal están provocando un terreno fértil para la ilegalidad. Esto, sumado a la ausencia de oportunidades rurales, termina alimentando el círculo de violencia que tanto daño ha causado al país”.
FEDEMADERAS concluye que solo a través de un compromiso real con el desarrollo productivo, sostenible e inclusivo, se podrá enfrentar la violencia estructural de Colombia.
Discussion about this post