INDOLENCIA E IMPROVISACION

Las autoridades locales, gremios y empresarios, hemos coincidido en que el gobierno nacional le ha faltado mayor coherencia y compromiso con la región cuando se trata de mitigar los problemas que desde hace más de dos años venimos padeciendo con mayor efecto desde el cierre de Frontera y que se refleja en una difícil situación económica y social que cada día va en aumento; confiados siempre en las autoridades competentes, esperábamos respuestas efectivas a la problemática local de la región. Puntualmente, una de ellas ha sido LA INTERNACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS, para contrarrestar el contrabando de vehículos venezolanos, que viene afectando seriamente a la industria automotor (Autos y Motos) en nuestro departamento. Según encuesta realizada por el gremio, FENALCO, y los indicadores nacionales de la industria determinaron que comparativamente con el año anterior, las ventas de Noviembre y Diciembre disminuyeron, en un 67%, el 26% de los encuestados respondieron que las ventas se mantuvieron iguales y solo el 7% manifestó que estas fueron superadas en el 2017. Por otra parte, preocupa que en el año 2017, hubo una disminución del 40% de las ventas de automotores, como consecuencia entre otras de el contrabando de vehículos que se ha incrementado desde el cierre de la Frontera en agosto del 2015 y la caída de los precios del Bolívar Fuerte (Moneda oficial del vecino país). Expectantes estábamos que la reglamentación que hiciera el gobierno nacional con respecto a la internación temporal, sirviera para desestimular la venta de estos vehículos en la ciudad, y poder garantizar la supervivencia de estos establecimientos de comercio, sobre todo proteger los empleos formales que se han venido perdiendo como consecuencia de las bajas ventas. Es lamentable que el gobierno nacional se haya demorado más de 20 meses para expedir el decreto 2229 del 27 de diciembre, un decreto, INVIABLE por contradecir otras normas, que refleja una absoluta INDOLENCIA y DESCONOCIMIENTO; violando flagrantemente leyes de la República como la 633 del 2000, la ley 488 de 1998, Ley de Fronteras y hasta la Constitución Nacional, es decir pareciera que este desconocimiento del ordenamiento jurídico colombiano, fuese a propósito o porque no está convencido el gobierno nacional de la necesidad de detener y combatir este flagelo. Mientras tanto, FENALCO, respalda la solicitud para que se derogue dicho decreto y que se defina otro que sea aplicable lo antes posible, que responda a las necesidades regionales, para lo cual estamos emprendiendo todas las gestiones que desde el mismo ordenamiento jurídico podamos realizar.