Un informe de HRW y la Universidad Johns Hopkins insta a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de los retornados en el próximo encuentro del Proceso de Quito.
Las condiciones de hacinamiento y falta de higiene a las que las autoridades del régimen someten a los cerca de 130.000 migrantes que han retornado al país provoca el incremento de la transmisión de la COVID-19, denunció este martes la ONG Human Rights Watch (HRW).
Así se desprende de un informe elaborado por HRW y los centros de Salud y Derechos Humanos de la Universidad Johns Hopkins, en el que instan a los ministros de Relaciones Exteriores de los países latinoamericanos a que aborden con urgencia la situación de los retornados en el próximo encuentro del Proceso de Quito.
En su informe, ambas instituciones detallan que hallaron “condiciones insalubres y de hacinamiento” en los centros donde se “obliga a los retornados a cumplir cuarentena, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica”.
A muchos de los retornados “se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena” durante más tiempo que los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que, según el informe, se debe a demoras en las pruebas de diagnóstico de COVID-19 y, cuando han protestado, han sido amenazados.
Al respecto, la doctora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, Kathleen Page, afirmó que “enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y sobrepoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar la COVID-19”.
Aunque las condiciones en los centros “varían considerablemente”, según los datos recabados por HRW entre junio y septiembre, la mayoría de los retornados que entrevistaron les indicaron “que la capacidad de estos centros estaba seriamente desbordada y había múltiples personas en cada habitación”.
Muchos de los encuestados también reportaron condiciones insalubres, como falta de agua y electricidad para hacer funcionar las bombas de agua, y de artículos básicos de higiene, como jabón.
Afirmaron que tuvieron serias dificultades para acceder a atención médica y alimentos, incluso agua potable y productos para los niños pequeños.
Tal y como recordó HRW, el hacinamiento en estos centros donde pasan sus cuarentenas “hace que el distanciamiento social resulte imposible” y en algunas instancias, la gravedad del trato a los retornados “podría constituir trato degradante”, lo que está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos jurídicos vinculantes.
Asimismo, aseguraron que “no se aplica ningún estándar común a todos los centros”, conocidos como Puntos de Atención Social Integral (PASI) y que son administrados por funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Por ello, las condiciones, al igual que el acceso para los trabajadores humanitarios, “varía considerablemente dependiendo de quién esté a cargo”.
HRW explicó que el pasado 10 de julio pidió información a las autoridades venezolanas sobre su respuesta “ante la hostilidad oficial hacia los retornados y las condiciones precarias en las cuales son recibidos” y no han obtenido respuesta.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, explicó que “los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de COVID-19 en ambos lados de la frontera” y afirmó que “el Proceso de Quito es una oportunidad para que los gobiernos brinden apoyo y mejoren el modo en que ellos mismos tratan” a los compatriotas que vuelven al país.
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