El Ministerio del Interior de Colombia, a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, ha rechazado categóricamente las amenazas dirigidas a dos de sus funcionarios por parte de la estructura criminal de alias Mordisco.
Las amenazas fueron dirigidas contra el mismo viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, y contra Viviana Vargas Ávila, contratista de la Dirección de Derechos Humanos de esta entidad y defensora de derechos humanos en el Guaviare.
«El Ministerio del Interior rechaza las amenazas en contra de sus funcionarios. No le tenemos miedo a las amenazas. Seguiremos trabajando desde la institucionalidad para darle mejores garantías a las personas en territorio. Estos son grupos de terroristas y paramilitares que quieren someter a la gente, seguiremos trabajando con amor por el país», dijo el viceministro Gabriel Rondón.
Solicitud de Protección e Investigación
El Ministerio del Interior expresó su solidaridad con el viceministro, la defensora de derechos humanos y sus familias. Además, la cartera insta a varias autoridades a tomar acciones urgentes para garantizar la seguridad de los afectados:
- Fiscalía General de la Nación.
- Unidad Nacional de Protección (UNP).
- Policía Nacional.
- Autoridades territoriales competentes.
A estas entidades se les solicita adelantar las investigaciones correspondientes y activar una ruta de protección integral para las familias de los amenazados. El Ministerio también insta a implementar acciones urgentes y coordinadas para salvaguardar sus vidas e integridad personal.
El Gobierno nacional insiste en que ejercer liderazgos sociales y defender los derechos humanos en Colombia no puede significar un riesgo para la vida. De igual forma, respalda y reconoce la importancia de la labor de los líderes sociales y defensores de DD. HH. para la construcción de paz, la protección de las comunidades y el fortalecimiento del tejido social.
El Ministerio del Interior reafirma su compromiso para continuar aunando esfuerzos interinstitucionales y adoptar las acciones necesarias de prevención y protección, que garanticen entornos seguros a quienes luchan por los derechos de los colombianos.
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