El Ministerio del Interior en el marco de la Resolución 1237 del 6 de julio de 2023 que crea el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), desarrolló la primera sesión de esta instancia que analizará los casos concretos de solicitudes de protección de candidatos que se encuentran en situación de riesgo con ocasión de su actividad política en el desarrollo del periodo de comicios de este año que elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2024-2027, bajo la coordinación del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
El CORMPE está conformado por la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, y por la Dirección de la Unidad Nacional de Protección. También lo integran la Dirección de Protección de Servicios Especiales de la Policía Nacional y la Jefatura de Operaciones del Ejército Nacional.
El director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, al instalar el CORMPE, aseguró que el Gobierno del Cambio está comprometido en brindar garantías de seguridad y protección a todos los candidatos que estarán en estas elecciones regionales. Castañeda destacó los esfuerzos hechos por el Ejecutivo en materia presupuestal y logística para que el proceso electoral sea transparente y seguro “Tenemos, primero, un incremento del 86% de candidatos y candidatas que van a ser protegidos en el próximo certamen electoral; esto implica un incremento del 96.6% del presupuesto que destinó el Estado para la UNP (Unidad Nacional de Protección) en comparación a las elecciones de hace cuatro años. Segundo, se incrementó en 156% el número de personas dedicadas a la protección de candidatos. Tercero, hemos dispuesto 4.330 medidas que conformarán al menos 1.764 esquemas de protección para los candidatos”, informó el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
A su turno, Marco Tulio Sánchez, director de Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, señaló que este Comité articula acciones con la subcomisión de protección de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Entre las funciones del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral se resaltan el estudiar y evaluar los casos de candidatos en riesgo, coordinar la implementación de medidas preventivas y establecer la ruta especial de protección.
“Nos vamos a reunir de manera permanente con la idea de evacuar dichas solicitudes, vamos a escuchar también las denuncias que se canalizan a través de otras entidades como la Fiscalía, de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la misma Registraduría Nacional del Estado Civil, los partidos políticos, los movimientos políticos; lo puede hacer cualquier persona”, señaló Marco Tulio Sánchez.
Bajo esta instancia se dan recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la implementación de medidas de protección a candidatos en riesgo inminente o extraordinario. “La UNP hace parte de ese comité que también lo integran el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ejército y se han estructurado una serie de medidas de protección que pueden ser requeridos por los ciudadanos, candidatos y candidatas a las distintas cuestiones que van a ser llevadas a las elecciones del 29 de octubre”, sostuvo Augusto Rodríguez, director de la UNP.
La presentación de casos ante el CORMPE serán expuestos por el secretario general de cada partido o movimiento político o vocero de grupo significativo de ciudadanos, presentando los documentos de identificación del candidato en riesgo y credenciales del grupo político con las evidencias correspondientes durante las sesiones ordinarias que se realizarán cada dos semanas o si son casos de alto riesgo, lo establecido es sesionar de forma extraordinaria.
Las solicitudes de protección se recibirán a través del correo [email protected], las cuales deben ser presentadas con los respectivos denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional por parte de los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos.
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