EPM y MAPFRE suscribieron un Acuerdo de Transacción el 10 de diciembre de 2021, por USD$983,8 millones, con lo que se cerró de forma definitiva la reclamación por la contingencia de Hidroituango, iniciada en abril de 2018. Dicho acuerdo fue publicado en información relevante, en la página de la Superintendencia Financiera de Colombia, los días 7 y 10 de diciembre de 2021.
Esta transacción se dio en el marco de un contrato de seguro en el cual las partes pactaron expresamente que tanto el contenido del contrato como los hechos y consideraciones objeto de este, se encuentran sujetos a confidencialidad y, por tanto, las partes se obligaron a abstenerse de realizar cualquier divulgación a terceros.
Por esta razón, EPM en cumplimiento del contrato, solamente ha podido hacer entrega del Acuerdo de Transacción a terceros, cuando ha mediado orden de una autoridad judicial competente.
El cierre de la reclamación
El acuerdo entre EPM y Mapfre estuvo motivado por el fallo de segunda instancia, el cual quedó en firme el 26 noviembre de 2021, por la Contraloría General de la República, en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal UCC-PRF-014-2019, en el cual se condenó a Mapfre como asegurador y tercero civilmente responsable por la póliza de todo riesgo construcción y montaje del Proyecto, por lo cual la aseguradora estaba obligada a pagar en el mes siguiente a la ratificación del fallo.
En noviembre de 2021, el proceso de ajuste que EPM adelantaba de forma técnica y colaborativa con Mapfre, los reaseguradores y su ajustador designado, estaba muy avanzado en cuanto a costos incurridos y presupuestados, así como en la aplicación de los deducibles, límites, sublímites y exclusiones previstas en la póliza que disminuían notablemente el monto a indemnizar. Por esta razón, la cifra alcanzada con el Acuerdo de Transacción permitió cubrir las pérdidas aseguradas y cerrar de forma anticipada la reclamación, así como desistir del proceso arbitral que había iniciado EPM frente a Mapfre, el cual se había instaurado previendo que por la complejidad del siniestro no se llegara a un acuerdo en torno a la cifra a indemnizar, evitando así una posible caducidad de la acción.
Igualmente, llegar a un acuerdo con Mapfre en ese momento, logró el pago de la totalidad del fallo fiscal de la Contraloría, lo que permitió dar continuidad a los contratistas a cargo del Proyecto. Si los contratistas del Consorcio CCCI y de los otros consorcios de la interventoría y asesoría hubieran estado inhabilitados al quedar inscritos en el boletín de responsables fiscales, hubiera sido imposible darle continuidad al Proyecto, ocasionando mayores pérdidas y comprometiendo la estabilidad física de las obras, además de la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa.
Por último, el hecho de que se hubiera blindado la indemnización a través de una transacción en el marco del contrato de seguro, el cual estuvo acompañado y validado por la Contraloría General de la República y fue formalizado en sus instalaciones en Bogotá, permitió que si alguna de las personas condenadas con dicho fallo, demandara la nulidad del mismo y esta prosperara, el pago realizado por Mapfre no se vería afectado.
Cifra alcanzada con contrato de transacción cubre pérdidas aseguradas
La póliza “Todo Riesgo Construcción” afectada con la reclamación establecía un límite asegurado de US$2.556 millones para cobertura de daños materiales en obras civiles y equipos, además contemplaba una cobertura para cubrir el retraso de entrada en operación- (DSU) Delay Start Up – por su sigla en inglés- por USD628 millones, antes de la aplicación de deducibles.
Sin embargo, EPM desde el momento de la contingencia, insistió en que habría diferencias entre el monto asegurado, el monto de la pérdida y la indemnización del siniestro, es decir, el valor final reembolsado. Esto porque los límites asegurados deben concordar con las demás condiciones de la póliza como deducibles, límites, sublímites, coberturas adicionales, exclusiones, entre otros, además de la carga que le corresponde al asegurado demostrar por la ocurrencia y la cuantía de la pérdida, conforme obliga el artículo 1077 del Código de Comercio.
Claramente el siniestro presentado en el Proyecto correspondió a una pérdida parcial y no total. Además, el Proyecto se encontraba en construcción al momento de la contingencia, por lo que se debe distinguir entre los costos asociados a la recuperación del siniestro y los costos ordinarios de la terminación de las obras.
Así las cosas, el Acuerdo de Transacción suscrito con Mapfre el 10 de diciembre de 2021 se encuentra conforme con el proceso de ajuste técnico que EPM venía adelantando con Mapfre, los reaseguradores y el Ajustador, con el acompañamiento de Marsh FACS, empresa que hace parte del grupo líder mundial en corretaje de seguros y asesoría de riesgos, quienes validaron el proceso de reclamación, así como las cifras recibidas en el marco del contrato de transacción.
Por todo lo anterior, la cifra alcanzada con el acuerdo de transacción cubre las pérdidas aseguradas, teniendo en cuenta todas las condiciones de la póliza. Además del beneficio que representó recibir anticipadamente unos recursos que permitieron el avance de la obra. En consecuencia, EPM no renunció a reclamar valores o conceptos que hubiesen sido objeto de cobertura, en cuanto la póliza cuenta con unas condiciones que enmarcan la máxima responsabilidad de la aseguradora tales como deducibles, exclusiones y sublímites, que aplicadas dentro de un proceso de ajuste técnico hacen que no todas las pérdidas derivadas de la contingencia hayan sido indemnizables por Mapfre.
EPM agradece a Mapfre, a los reaseguradores y a los demás actores que acompañaron este proceso, por su compromiso, así como la confianza que han depositado en la Organización.
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