La Federación Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS, que representa a los empresarios, productores, reforestadores, transformadores, fabricantes y comercializadores de la red forestal y de la madera, se une con Smurfit Kappa Colombia, líder en la fabricación de empaques de papel para expresar nuevamente su rechazo frente a los recientes actos de violencia perpetrados en las fincas de la compañía ubicadas en las veredas La Unión y La Venta, del municipio de Cajibío, Cauca.
Smurfit Kappa Colombia informa que el pasado domingo 18 de febrero, un grupo de aproximadamente 150 personas, compuesto por miembros de comunidades indígenas locales, así como campesinos de otros municipios, perpetraron una invasión violenta en las instalaciones de la compañía. Este grupo ingresó de manera violenta a los predios, provocando incendios que resultaron en la destrucción de más de 55 hectáreas de plantaciones forestales comerciales.
Además de los incendios, los agresores llevaron a cabo retenes ilegales y retuvieron a personas que transitaban por el lugar. Entre los perpetradores se identificaron sujetos encapuchados, armados con objetos cortopunzantes y artefactos explosivos artesanales.
Una vez conocidos estos hechos, Smurfit Kappa Colombia notificó de inmediato a las autoridades competentes, quienes, a través del ESMAD y el GOES, intervinieron para recuperar los predios invadidos y garantizar la seguridad de los trabajadores forestales y las comunidades vecinas.
En vista de la recurrencia de estos inaceptables actos en nuestro país, se hace imperativo implementar nuevas y más efectivas medidas en colaboración con la fuerza pública, la sociedad y las autoridades a nivel departamental y nacional. Pronunciamientos contundentes y efectivos de parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, son ya necesarios y requeridos para garantizar la seguridad y respeto de la propiedad privada, que además es productiva e impacta positivamente a la sociedad rural de la región. Estrategias innovadoras como las alianzas público-privadas, orientan las acciones de la fuerza pública hacia la protección de la propiedad privada, la promoción del trabajo digno y la preservación del medio ambiente y sus recursos, cruciales para la vida humana y el desarrollo económico regional.
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