Este viernes 25 de marzo, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le envió una carta al Ministerio de Educación, solicitando más acciones para prevenir la violencia sexual en los entornos escolares del país.
En la misiva, los docentes le solicitaron al Gobierno nacional, ampliar la cobertura de aplicación de la Directiva 01 de 2022, en la que el Ministerio, emitió orientaciones a autoridades territoriales, para la prevención de violencia sexual en espacios académicos de Colombia.
La comunicación está dirigida a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en donde además, le solicitan fortalecer el nombramiento de docentes orientadores en las instituciones educativas para la atención oportuna de las posibles víctimas de violencia sexual y de género.
El gremio de los docentes de Colombia, expresó que se deber tener un mejor orientamiento para poder atender de manera adecuada a las víctimas de estos casos: ”Se debe tener un grado mayor de priorización en el ámbito disciplinario ejercido por los jefes de control disciplinario de las entidades territoriales, certificados en aras de garantizar el debido proceso y acceso a la administración de la justicia de ambos, investigado y víctima”, dice la misiva.
La queja de Fecode se centra en que las autoridades territoriales no cuentan con las herramientas necesarias para logar una mayor celeridad en los procesos disciplinarios, contra los funcionarios señalados de cometer actos abusivos contra niños, niñas y adolescentes de edad escolar.
La Directiva a la que hace referencia Fecode, fue firmada el pasado 4 de marzo, por la ministra Angulo y una de las determinaciones que señala el documento, es que “el Estado a través de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes”.
La primera medida que le dicta el Ministerio, a las autoridades educativas y centros escolares, es que cuando tengan conocimiento de una presunta víctima o de una acción de violencia sexual contra algún estudiante: “en todo momento el personal de la institución educativa, así como el personal de la entidad territorial certificada en educación deben brindar atención, acompañamiento y apoyo al niño, niña o adolescente víctima, primando en cada una de sus actuaciones sus derechos, no subestimando la denuncia o situación de riesgo, sino por el contrario actuando de manera diligente y oportuna”.
La Directiva también orienta acciones de carácter administrativo, en la selección, nombramiento o contratación de personal administrativo o educador, para la prevención y atención de situaciones de violencia sexual en el entorno escolar. Igualmente integra acciones a adelantar para que, ante presuntos casos de violencia sexual, se actúe sin revictimizar y se proteja la integridad e información del caso.
Otra de las solicitudes realizadas por el gremio, es la realización de acciones pedagógicas, con capacitaciones a docentes y directivos, para la prevención de los actos abusivos de carácter sexual en los colegios y escuelas del país. Así mismo, señalaron la necesidad que ésta “se oriente a las secretarias de educación para la conformación de equipos interdisciplinarios que tengan la competencia especifica de realizar prevención, atención y seguimiento de casos de violencia sexual y de genero en el entorno escolar”.
Con base en información reportada por 81 Entidades Territoriales Certificadas al Ministerio de Educación, sobre casos de presunto abuso sexual en entornos escolares para el periodo enero de 2018 hasta febrero de 2022, se registran 876 casos en todo el país, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación.
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