El Gobierno nacional, mediante la celebración de un nuevo contrato de aporte con el operador que quedó en segundo lugar en la licitación, cumplirá con su promesa de garantizarle a los colombianos y, en este caso, a los niños y niñas de zonas rurales dispersas en Colombia, el derecho al acceso al servicio público esencial de internet. De esta forma, el ministerio busca garantizar otros derechos como la educación y la cultura, y con ello permitirles aprender, crear, soñar y realizar su proyecto de vida.
La liquidación del contrato permite suscribir un nuevo contrato con la Unión Temporal Colombia Conecta, integrada por ETB y SKYNET, que en su calidad de oferente quedó de segundo en la lista de elegibles en el proceso de contratación. Según afirmó la ministra Valderrama “son más de 14 mil Centros Digitales para nuestros niños y niñas, una cifra que supera los 10.000 establecidos originalmente en el CONPES” refiriéndose a la decisión de suscribir el nuevo contrato con ETB.
En cuanto a la recuperación de los dineros públicos comprometidos con el contrato caducado, es importante recalcar que, con base en la declaratoria de caducidad se han materializado los embargos de inmuebles, vehículos y sumas de dinero de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.
El ministerio apoya todas las medidas tomadas por las autoridades judiciales y los organismos de control en contra de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. Así, continuará con las reclamaciones que hagan falta, suministrando la información necesaria para remediar el daño grave que afectó los intereses del Estado y los derechos de los más pequeños del país.
Por último, para este Ministerio es claro que los recursos entregados deben ser devueltos en su totalidad al Fondo Único de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, toda vez que se convino la devolución de todo lo aportado en el evento de incumplimiento, por lo que el contratista deberá proceder a la devolución integral de los 70.000 millones entregados a título de anticipo, bien de manera voluntaria o a través del cobro coactivo y acciones jurisdiccionales procedentes.
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