Uno de los mensajes principales que dio el Gobierno nacional con la radicación del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República, es que en el territorio están concentrados los más grandes retos del país en materia de productividad, alimentación, infraestructura vial y desarrollo en general.
De hecho, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, ha resaltado que, por primera vez, el país tiene un Plan Nacional de Desarrollo que plantea la importancia del ordenamiento territorial, del espacio y la geografía alrededor del agua para transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental.
“Este es el primer Plan Nacional de Desarrollo que pone el tema del territorio en primer lugar y es un gran mensaje del presidente Gustavo Petro, pues en la espacialidad están concentrados los grandes problemas y oportunidades de desarrollo que tenemos como país”, ha insistido el director González.
El Plan, en la primera de sus cinco trasformaciones para trabajar en los próximos cuatro años, explica: “El ordenamiento territorial del país es una prioridad. No se han logrado solucionar los conflictos socio ambientales, muchos de ellos producidos por el no reconocimiento del agua como derecho fundamental y bien común”.
El documento también destaca que la riqueza hídrica del país y su biodiversidad no están del todo protegidas; que “si no se ordena el territorio alrededor del agua, la actividad humana no será sostenible”, y evidencia un desorden normativo alrededor de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con por lo menos 49 entidades con competencia en la expedición de determinantes en el territorio, sin jerarquías, procedimientos y escalas cartográficas estandarizadas. Así mismo, existen más de 73 instrumentos de planificación de diferentes sectores y niveles territoriales que no están coordinados y no logran convergencia espacial; y más de 57 normas (leyes, decretos y resoluciones) asociadas a la planificación territorial.
De hecho, como una gran síntesis, el documento expresa que el respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible y que no esté basado en el petróleo ni el carbón.
Actualización del Catastro y entrega de tierras
Con un presupuesto cercano a los $28 billones, esta trasformación o línea estructural del Plan busca un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección del componente ambiental y de las áreas de especial interés sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos, donde las voces de los que habitan los territorios sean escuchadas e incorporadas.
El PND propone como metas en esta transformación una reforma rural integral; acelerar la actualización del catastro multipropósito, pasando del 9,4 % al 70 %; llegar a 2.982.494 hectáreas entregadas a través del fondo de tierras; formalizar 3.972.423 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural; y reducir la brecha municipal en ingresos corrientes que corresponden a recursos propios.
El articulado del Plan propone facultades especiales al Ministerio de Ambiente para la inspección y vigilancia de las CAR; crear un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y crímenes ambientales; y un listado de determinantes fundamentales para la creación de los próximos POT en municipios y distritos.
Descentralización
Otra de las grandes apuestas del Ordenamiento territorial alrededor del agua es el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y las comunidades, para la toma de decisiones de ordenamiento y planificación territorial.
Para este fin, el Plan propone desarrollar una estrategia de interoperabilidad de la información entre las entidades públicas y diseñar una metodología para la identificación de tipologías de las entidades territoriales y los esquemas asociativos territoriales, orientada al reconocimiento de capacidades, como insumo para la focalización de políticas públicas y de asistencia técnica diferenciada por parte del Gobierno Nacional, la asunción de competencias, entre otros.
Planeación, ordenamiento y administración del territorio
Así mismo, el Plan propone la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral “con el fin de mejorar la calidad de vida, garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de las personas y las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas; proteger y promover la producción de alimentos, la economía campesina, familiar y comunitaria, y consolidar la paz con enfoque territorial”.
El Sistema, liderado por el Ministerio de Agricultura, deberá considerar las necesidades y los intereses específicos de las mujeres campesinas, afrocolombianas e indígenas y tendrá facultades para la adquisición, adjudicación de tierras y procesos agrarios para la reforma agraria; delimitación, constitución y consolidación de zonas de reserva campesina; solución de conflictos socioambientales; estímulo a la economía campesina; fomento agroindustrial, entre otros.
También se propone la creación del Sistema de Administración del Territorio (SAT), el cual deberá ser reglamentado por el Departamento Nacional de Planeación en menos de un año. Su propósito será el de tener el conjunto de procesos, acuerdos interinstitucionales, marcos legales, estándares, infraestructuras de datos y tecnologías que se requieren para facilitar la colaboración armónica entre los distintos niveles de decisión pública, la participación de la ciudadanía y el uso de la información territorial en la toma de decisiones y prestación de servicios al ciudadano relacionados con derechos, restricciones y responsabilidades sobre la tenencia, uso, valor y desarrollo del territorio.
Finalmente, se buscará que la visión primordial del ordenamiento sea el agua y las personas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades. A su vez, procurará la coordinación de los instrumentos de planificación para el desarrollo de territorios vitales.
Así mismo, la transformación establece condiciones para el saneamiento en la compra de tierras en cumplimiento al Acuerdo de Paz; medidas especiales a segundos ocupantes, y otorga a la Agencia Nacional de Tierras la posibilidad de compra directa por motivos de utilidad pública e interés social para la Reforma Rural Integral.
El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno nacional fue radicado ante el Congreso de la República este lunes para su estudio, debate y aprobación antes del 7 de mayo.
Discussion about this post