La posible deportación del paramilitar condenado Salvatore Mancuso a Italia tiene a las víctimas en vilo y a la espera de que su traslado se dé pero a una cárcel en Colombia para que responda ante la justicia del país por los crímenes que cometió con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El presidente Iván Duque se pronunció sobre este caso y aseguró que Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana y por eso pidieron su extradición. «Si piensa ser deportado a Italia, acudiremos a los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes no quedarán en la impunidad», señaló el mandatario.
Así mismo, Duque señaló que el futuro de Mancuso en Colombia debe ser una cárcel. «Ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de supuesta ‘verdad’ es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes», escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
Posible deportación de Mancuso a Italia preocupa a la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo informó de su preocupación tras la noticia de que Salvatore Mancuso podría ser deportado a Italia.
«Esto lesionaría seriamente los derechos de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales cometieron graves violaciones a los derechos humanos», señaló la entidad.
El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, manifestó que con la deportación de Salvatore Mancuso a Italia y estaría eludiendo así los cientos de investigaciones pendientes en su contra por graves y masivas violaciones a los derechos humanos como masacres, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, desplazamiento forzado y torturas, entre otras.
«La Defensoría del Pueblo está evaluando la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con el propósito de que las autoridades judiciales y administrativas con responsabilidades en este caso adopten con debida diligencia todas las acciones tendientes a garantizar que Salvatore Mancuso cumpla con las condenas impuestas por el sistema judicial colombiano y así garantizar los derechos de las víctimas, especialmente a la verdad y la justicia», indicó la Defensoría.
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