El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, planteó hoy la necesidad de revisar la política de subsidios para los combustibles que se aplica en las zonas de frontera, para ser optimizada, dado que la asignación de cupos resultó ser un mecanismo costoso e ineficiente, que no ha disminuido el contrabando y sí ha creado incentivos para que se den prácticas ilegales como llevar el combustible subsidiado a otras regiones, donde se venden a mayor precio.
Al intervenir en la Cumbre Empresarial “Responsabilidad del Sector Privado en la Lucha contra la Corrupción, en el Auditorio de la Procuraduría General de la Nación, el Contralor Maya Villazón reveló los resultados de un Estudio Sectorial sobre el tema (“Incentivos fiscales a las fronteras de Colombia. ¿Es hora de reemplazarlos”), elaborado por la Contraloría Delegada del Sector de Minas y Energía.
“A pesar de los 16 años de vigencia de la política de cupos, no parecen existir datos que apoyen la idea de mejores condiciones económicas, gracias a los descuentos de sobretasa, IVA e impuesto nacional en los combustibles en las zonas de frontera”, enfatizó el Contralor.
Lo que se aprecia es que existen incentivos para la comercialización de los cupos de combustibles adicionales a los contemplados en la metodología de cálculo y que estos no se corresponden con la finalidad de la política, aseguró.
Entre tales incentivos están: arbitraje de combustibles, lavado de contrabando desde Venezuela y contrabando técnico (llevar combustibles baratos de las Zonas de Frontera al interior).
Sobre esta última situación, vale recordar que en octubre de 2015 el Contralor Maya Villazón lanzó una alerta pública ante indicios de que los aumentos del cupo subsidiado de combustible en las regiones fronterizas con Venezuela se estaban aprovechando para prácticas de contrabando técnico, de tal forma que la gasolina y diesel subsidiados por el Gobierno iban a parar a otras regiones del país, donde se pueden vender a mayor precio.
En consecuencia en algunas ciudades de zona fronteriza, en los primeros 20 días se agota el combustible en las estaciones de servicio y a los conductores de los vehículos les toca soportar grandes filas, teniendo que pagar los combustibles al mismo precio del interior del país.
Elevada cantidad de estaciones de servicio
Las estadísticas del Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minera Energética (UPME) muestran que hay 5.484 Estaciones de Servicio de Combustibles funcionando en el país y de estas 1.126 operan en Zonas de Frontera (equivalente al 20,53%).
Esta es una cifra alta si se tiene en cuenta que la característica más destacada de estos territorios fronterizos es que pese al potencial económico de su ubicación, son zonas con alta dispersión de población, bajos índices de desarrollo económico (muy inferior al promedio nacional) y altos niveles de informalidad (aportan el 10,52% del PIB y tienen el 9,1% de la población).
Lo que se infiere es que las políticas diseñadas para proveer combustibles para transporte no han sido efectivas, resalta el análisis de la Contraloría, destacando que de todas formas las zonas de frontera deben tener un tratamiento diferencial que los deje en las mismas condiciones para ser competitivos y poder tener desarrollo social.
En las Zonas de Frontera hay más Estaciones de Servicio por habitante que en el resto del país. En las zonas no fronterizas del país se tienen 9.78 estaciones por cada 100 mil habitantes, mientras que el mismo indicador para las Zonas de Frontera es prácticamente el doble: 18.21.
Concentración en la propiedad de estaciones de servicio en las zonas de frontera
Un análisis de los datos del Sistema de Información de Comercialización de Combustibles – SICOM muestra que para las Zonas de Frontera el 87% de Estaciones de Servicio tienen un solo propietario, lo cual indica que el número de personas a las que se debe hacer seguimiento es muy amplio y disperso.
En general cada Estación de Servicio comercializa menos del 0.07% del cupo departamental y apenas 17 propietarios manejan cupos superiores al 0.5% del cupo departamental.
Se destacan casos como el Departamento de Nariño donde hay grupos empresariales que tienen el 7,8% de los volúmenes con 21 Estaciones de Servicio, mientras en el caso del Departamento del Cesar hay grupos empresariales que tienen el 9,5% de los cupos con 20 Estaciones de Servicio.
El mecanismo debe cumplir la política y ser efectivo
El estudio de la Contraloría destaca que el uso de cupos de combustibles es un mecanismo costoso e ineficiente para el control del contrabando:
“No parece ocurrir una disminución apreciable en el contrabando: si bien los indicadores muestran que han aumentado las incautaciones, esto no implica necesariamente que baje el contrabando, especialmente si se tiene en cuenta que las incautaciones rondarían menos del 5% de los volúmenes que se calculan de este flagelo”.
Esta situación lleva a pensar que se deben sopesar de nuevo los costos-beneficios del subsidio frente a los costos-beneficios de una cierta liberación del mercado fronterizo, con la consiguiente reducción del fenómeno del contrabando y de los costos de combatirlo, es decir que lleguen correctamente a la población que los necesite.
Para el Contralor Edgardo Maya Villazón, la política en materia de cupos de combustible en zonas de frontera debe ser mejorada, pues la carga fiscal asociada no se justifica a la luz de los resultados identificados en temas de contrabando.
De acuerdo al estudio que realizó la Contraloría, la política pública de cupos de combustible en zonas de frontera tiene un costo de oportunidad de $1.040 millones anuales para que las zonas de fronteras no pierdan $288,13 millones anuales, lo que significa que es una política onerosa y bastante ineficiente.
Finalmente, indica el análisis, se evidencia la necesidad de evaluación en varias políticas públicas por parte del Gobierno, así como la necesidad de que éste rinda cuentas de su impacto, igualmente el apoyo de los mandatarios territoriales y el uso de recursos tecnológicos por parte de las autoridades policiales son componentes esenciales para el cumplimiento de los fines de la política.
“De la misma forma que en el caso de los subsidios a los Combustibles en Zonas de Frontera, pueden existir otras iniciativas estatales que continúan ejecutándose, consumiendo recursos y cuyos resultados probablemente no se vayan a lograr”, concluyó el Contralor General de la República.
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