Representando los intereses del estado colombiano, la Contraloría General de la República se constituirá como víctima en el proceso penal que se sigue contra el señor Fernando Trujillo Gómez, capturado por la Fiscalía como presunto responsable de vender carne de caballo y de burro a operadores del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Bucaramanga y algunos municipios del municipio de Santander.
El Contralor Carlos Felipe Córdoba calificó este hecho como un atentado contra la vida, la nutrición y los derechos fundamentales de los niños afectados, que dejaron de recibir una alimentación saludable por esta conducta criminal.
El jefe del organismo de control ordenó a la Contralora Delegada de Investigaciones y Juicios Fiscales, Soraya Vargas, que designe un abogado de esta dependencia, al que se le entregue el poder respectivo y se haga parte dentro de este proceso penal.
La Contraloría General de la República investiga varios casos de malos manejos de los recursos del PAE en varias regiones del país y, a la fecha, adelanta 184 investigaciones por irregularidades que suman más de $74 mil millones, que involucran el mismo departamento de Santander, y algunos otros como Bolívar, La Guajira y Sucre, como los que presentan los manejos más cuestionados.
Estima la Contraloría que hasta en un 35% de los contratos del PAE no se cumplen los estándares mínimos de calidad.
Por otra parte, el mes pasado la Contraloría produjo 30 alertas por presuntos sobrecostos de $34.856 millones en contratación del PAE durante la pandemia.
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