La Contraloría General de la República inició una auditoría financiera articulada con la ciudadanía organizada, a los recursos que ejecuta el Fondo Adaptación en la fase final del megaproyecto de reconstrucción de Gramalote (Norte de Santander), y por primera vez, al Plan Jarillón de Cali.
El proceso auditor será adelantado por las Contralorías Delegadas para la Participación Ciudadana e Infraestructura Física y Telecomunicaciones Comercio Exterior y Desarrollo Regional, junto con las Gerencias Departamentales Colegiadas de Norte de Santander y Valle del Cauca.
La auditoría tiene como objetivo general evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros del Fondo Adaptación, vigencia 2018, y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta fiscal.
Adicionalmente se evaluarán los megaproyectos de Gramalote y Jarillón, para determinar su impacto y eficacia.
Evaluación al proyecto de reconstrucción del casco urbano de Gramalote
Se evaluará el proyecto de reasentamiento del casco urbano de Gramalote, establecido dentro del Plan Integral de Acción Específico para el Manejo de la Emergencia generada por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011, el cual contempla cuatro fases: 1. Estructuración y pre-traslado, 2. Preparación para el traslado, 3. Traslado y 4. Postraslado.
El Proyecto tiene un presupuesto que ha llegado a los $540.697 millones, de los cuales $102.094 millones de pesos han sido aprobados a través de diferentes sectores que tiene a su cargo el Fondo Adaptación.
Esta auditoria la realiza la Contraloría General de la Republica, bajo solicitud expresa de la veeduría ciudadana de seguimiento al proyecto, la cual solicitó dicha evaluación a la fase final del megaproyecto, específicamente sobre la efectividad, eficacia y calidad del servicio prestado, de las unidades de vivienda entregadas y de los equipamientos tales como el hospital, polideportivo, casa del adulto mayor, vías de acceso, entre otros aspectos que garanticen la feliz convivencia en el casco urbano.
Ante esta petición, la Contraloría estableció también como objetivo específico, evaluar el plan socioeconómico, que garantiza que el nuevo asentamiento tiene futuro y posibilidades económicas de desarrollarse.
