La Contraloría General de la República determinó un presunto hallazgo fiscal por $8.975 millones en una Actuación Especial de Fiscalización a la Superintendencia de Notariado y Registro y concretamente al denominado Proyecto Bachué.
Con este proyecto, la entidad pretendía adquirir un sistema de información registral que contemplara el desarrollo, implementación, migración, puesta en producción, transferencia de conocimiento, garantía, soporte y mantenimiento relacionados con los procesos de técnica registral, protección, restitución y formalización de tierras.
Para el desarrollo de este objetivo, la Superintendencia suscribió los contratos 926 de 2016 por $26.575.409.440 y la respectiva interventoría (contrato No. 814 de 2017) por la suma de $3.281.167.922.
La Actuación Especial de Fiscalización se dirigió a evaluar integralmente la suscripción, ejecución y cumplimiento de ambos contratos, teniendo en cuenta las etapas precontractual, contractual y pos contractual, riesgos asociados al proceso, modificaciones, procesos de incumplimiento, prórrogas y actas de liquidación.
Daños al patrimonio público
El término de ejecución previsto para la ejecución de los citados contratos fue de 18 meses contados a partir del 11 de enero de 2017. No obstante, transcurridos más de tres años y habiéndose efectuado pagos al contratista por la suma de $7.972 millones, la Superintendencia no logró el recibo a satisfacción de los productos contratados, ni la implementación del software y, en esa línea, decidió considerar el deterioro del mismo.
Esto, sumado a las debilidades en la planeación del tamaño de la solución tecnológica y a la coherencia de los tiempos establecidos contractualmente para el desarrollo de la solución, los desfases en las etapas de ejecución, la desarticulación en la Superintendencia de Notariado y Registro para el recibo de productos y la falta de consenso con el contratista llevó a que no se lograra satisfacer la necesidad que generó la contratación.
Según la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que realizó esta actuación, la Superintendencia como gestor fiscal incurrió en un perjuicio al patrimonio público por la suma de $8.975.467.812, debido a que los pagos realizados por los bienes y/o servicios contratados en ejecución del Contrato Nro. 926 de 2016, no redundan en un producto que logre atender la finalidad del recurso invertido.
Para el contrato Nro. 814 de 2017, mediante el cual se adelantó la interventoría del contrato 926 de 2016, la CGR estableció un daño al patrimonio público por valor de $1.002.844.98 derivado de un mayor valor sufragado por la Superintendencia de Notariado y Registro, a causa de las deficiencias mencionadas.
Total de hallazgos establecidos
En resumen, como resultado de la Actuación Especial de Fiscalización al proyecto Bachué, la CGR determinó 4 hallazgos:
- Con incidencia fiscal por $8.975.467.812, debido a los pagos de bienes y/o servicios que se realizaron en la ejecución del Contrato No. 926 de 2016 que no redundaron en satisfacer la necesidad para la cual se pactó y la adición al contrato de interventoría No. 814 de 2017, el cual también tiene presunta incidencia disciplinaria.
- Con presunta incidencia disciplinaria por la compensación y no sanción del incumplimiento en la entrega de la FASE III Desarrollo II.
- Administrativo por el cumplimiento parcial de los objetivos específicos y actividades involucradas en las fichas EBI de los proyectos que financiaron el contrato No. 926 de 2016.
- Administrativo por la materialización de riesgos que no garantizaron contar con el sistema único registral Bachué dentro de los plazos pactados.
En concepto del organismo de control, de acuerdo con la evaluación adelantada, la Superintendencia de Notariado y Registro no atendió los principios de economía, eficacia y eficiencia.
Los recursos públicos invertidos y el tiempo transcurrido no conllevaron a satisfacer el objeto contratado.
Así mismo, los objetivos específicos y las actividades de los proyectos que financiaron el contrato se cumplieron parcialmente dentro de los términos en que fueron programados.
Y la inversión de los recursos no generó un beneficio para la entidad que facilite el seguimiento a los servicios que prestan las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos en materia registral y a la generación de información institucional centralizada, de calidad, con oportunidad que garantice la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria del país y a la ciudadanía en general.
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