El Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, ha sido víctima de tres casos de suplantación en los últimos 5 meses, por lo que ha presentado ante la Fiscalía General de la Nación las correspondientes denuncias penales por el presunto delito de falsedad personal.
En los tres casos han utilizado su nombre para hacer llamadas telefónicas a un contratista de una obra en Aracataca (Magdalena), al gerente de la Empresa de Acueducto de Yopal (Casanare) y a la Asesora del alcalde de esta misma ciudad, lo mismo que al alcalde de Dabeiba (Antioquia), siempre pidiendo dinero para tiquetes y viáticos con miras a presuntas visitas de verificación de obras.
Todas estas llamadas se han hecho desde números celulares distintos al suyo y obviamente el Delegado de Infraestructura nunca realizó las mismas ni conoce a las personas contactadas para estas presuntas estafas.
En el caso de la suplantación ante el contratista del municipio de Aracataca, el propio Contralor General de la República, Felipe Córdoba, recibió por WhatsApp un audio donde se le decía que alguien que se identifica como el Delegado de Infraestructura “le está pidiendo a un contratista conocido mío que mande tiquetes, viáticos para mandar una comisión para revisar una obra que esta atrasada”.
“No conozco ni nunca me he comunicado con el señor Juan Bautista de Alba Yaber, representante legal de la Unión Temporal el Estadio (el contratista). Desconozco el número celular utilizado para la llamada o llamadas y no realicé la llamada que se dice presuntamente hice”, afirmó en su denuncia penal al respecto el Delegado de Infraestructura.
El funcionario ha sido abusivamente suplantado, haciendo una utilización ilegal de su nombre, para intentar la comisión de un presunto delito de estafa a un contratista y a unos funcionarios a quienes no conoce y con quienes nunca ha tenido contacto personal o telefónico.
Dado que ya son varias las ocasiones en que se ha suplantado la identidad de directivos de la Contraloría General de la República, se hace un llamado especial a autoridades, funcionarios y contratistas a no acceder a este tipo de delictuosas solicitudes y a considerar que la CGR nunca solicita dineros para realizar actividades inherentes a su obligación constitucional de ejercer la vigilancia y el control fiscal de la utilización de los recursos públicos.
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