La Superintendencia Nacional de Salud extendió por 6 meses, la medida de vigilancia especial que actualmente cursa sobre la EPS Savia Salud y le ordenó poner en marcha 15 órdenes para garantizar la promoción, el mantenimiento y la atención en salud de los más de 1.6 millones de afiliados, concentrados en el departamento de Antioquia.
Después de evaluar el comportamiento de los indicadores financieros y jurídicos, la Supersalud evidenció que la EPS presenta graves incumplimientos de las órdenes establecidas el pasado 27 de septiembre de 2022.
No obstante, los indicadores de salud han venido mostrando un mejor desempeño frente a la prórroga anterior, hecho que justifica la prórroga, en tanto cumple con una de las misiones de esta Superintendencia, relacionado con la protección de la población.
Por su parte, la SNS vigilará de manera exhaustiva el uso de los recursos públicos y el impacto de las medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad vigilada.
“La misión de la Superintendencia Nacional de Salud es hacer que se cumplan con las normas del sistema de salud para proteger los derechos de los ciudadanos y, en ese sentido, la administradora de recursos deberá fortalecer los indicadores de atención y mejorar su desempeño financiero”, reiteró el Supersalud Ulahí Beltrán López.
La extensión de la vigilancia especial se oficializó con la resolución 2 0 2 3 3 2 0 0 3 0 0 0 0 3 5 7 – 6 de 2 0 2 3 y allí se establecen las ordenes cuyo cumplimiento corresponde a la consolidación de un modelo de atención integral con resultados que se reflejen en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos de la región.
El sentido de algunas de las ordenes conduce a:
• Implementar un modelo de atención, que privilegie la prevención de la enfermedad y que sea determinante en la mejora del estado de salud de la población y se refleje en la disminución de los índices de siniestralidad, incorporando el enfoque territorial y diferencial.
• Consolidar las rutas integrales de atención que garanticen la accesibilidad a los servicios de salud y reduzcan las barreras administrativas.
• Reducir las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, identificando las causas que generen soluciones de fondo minimicen el uso de la acción de tutela como mecanismo de acceso a los servicios de salud.
• Realizar estrategias de evaluación y formalización de los contratos con las redes de atención y provisión de servicios y tecnologías en salud, a la par del reconocimiento y pago de sus obligaciones financieras.
