El Ministerio del Trabajo expidió la Resolución 3461 de 2025, una norma que marca un cambio profundo en el funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral (CCL) en Colombia. Esta actualización deroga las resoluciones 652 y 1356 de 2012, y modifica la Resolución 2646 de 2008, con el objetivo de fortalecer la prevención del acoso laboral y promover entornos más seguros y saludables.
De acuerdo con los abogados María Carolina Martínez y Felipe Arévalo, asociados de Godoy Córdoba, la nueva regulación representa “un cambio estructural en la gestión de la convivencia laboral, con impactos directos en la operación de empresas públicas y privadas”.
Entre los principales ajustes se destacan el aumento en la frecuencia de las reuniones —que ahora deberán realizarse mensualmente—, la fijación de un plazo máximo de 65 días para tramitar quejas, y la obligación de que cada comité cuente con un reglamento interno. Además, el alcance del CCL se amplía para incluir contratistas, practicantes y otros actores laborales, en concordancia con el Convenio 190 de la OIT.
La resolución también fortalece la formación de los comités en diversidad, género, salud mental y resolución de conflictos, incorporando los primeros auxilios psicológicos como herramienta de respuesta temprana. En materia correctiva, se contemplan medidas como el traslado laboral recomendado y acciones de control del riesgo psicosocial.
No obstante, Martínez advierte que “su aplicación puede generar dificultades en las microempresas, donde el número reducido de empleados podría complicar la conformación de los comités sin afectar la operación”.
Por su parte, Arévalo subraya que “aunque la intención de la norma es fortalecer la prevención del acoso, también aumenta las cargas administrativas para las organizaciones, lo que exige estrategias de cumplimiento más ágiles”.
El Ministerio del Trabajo aclaró que las empresas podrán crear comités por sedes o regiones, garantizando autonomía técnica y accesibilidad para todos los trabajadores. El incumplimiento de las nuevas disposiciones podría acarrear sanciones de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Con esta actualización, el país busca consolidar una cultura laboral basada en el respeto, la inclusión y la salud mental, fortaleciendo los mecanismos institucionales para enfrentar el acoso y mejorar el bienestar organizacional.
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