Si bien el bullying en los colegios siempre ha existido, se estima que hoy en día los estudiantes tienen más factores de riesgo como las redes sociales, que incentivan a que haya un mayor número de casos de violencia escolar física o psicológica. De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, solo entre el 2020 y 2021, se reportaron 8.981 casos de bullying en el país[1].
Como medida para combatir este fenómeno que ha venido en aumento durante los últimos años, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Con este sistema, se obligó a los colegios a crear comités de convivencia para mitigar y prevenir diferentes problemáticas entre los estudiantes, entre ellos la violencia psicológica y física. Así, dentro de sus políticas de convivencia, cada institución estudiantil debe determinar los pasos a seguir cuando se ha presentado una situación de bullying o violencia escolar entre estudiantes.
Para Beatriz Molina, experta en derecho penal y Counsel de CMS Rodríguez-Azuero, lo anterior no ha sido suficiente, en la medida que los niños se enfrentan a diferentes factores que trascienden el ámbito escolar presencial y se expande a las redes sociales. Por ello, asegura que “se debe instruir a los padres y docentes sobre otros mecanismos para prevenir y combatir el bullying. En primera instancia, se deben activar los mecanismos instaurados en el colegio. Y segundo, en caso de que dichas medidas no estén funcionando, se debe recurrir a acciones legales: civiles o penales, dependiendo del caso.”
Molina opina que por más que los casos hayan aumentado a lo largo de los años, esto no significa que esta conducta se deba tipificar como delito; “lo ideal es que los colegios y las familias tengan métodos y programas educativos establecidos para evitar estos casos o para que, en caso de que se presenten, se dé una solución efectiva; pues en el evento en que una situación de acoso escolar se lleve a instancias judiciales, el conflicto puede tardar años en resolverse y se puede generar una revictimización en los menores”. Además, agrega que es importante que los padres y docentes, dentro del rol de educar, no normalicen la violencia física o verbal para resolver un problema.
Ahora bien, Molina resalta que, a pesar de que el bullying o acoso escolar no es una conducta delictiva, “las consecuencias de la violencia escolar sí pueden generar daños o configurar delitos, como lesiones personales, injuria, hurto e incluso sexuales. En este caso, se deben activar las acciones pertinentes para responsabilizar por los daños a los menores que están realizando estos actos con consecuencias delictivas y vincular civilmente a los padres.”
La penalista señaló que no solo puede haber consecuencias desde el ámbito penal, pues también se puede buscar reparar los daños causados mediante una acción de responsabilidad civil extracontractual y, en caso de que se considere que se está vulnerando un derecho fundamental como consecuencia del acoso escolar, se puede interponer una acción de tutela.
En conclusión, para hacerle frente al fenómeno del bullying, se debe buscar solucionar el problema desde el fondo. Pues si desde la educación del menor no se le enseña a cómo resolver sus problemas sin violencia, la posibilidad de verse inmersos en procesos de carácter legal puede aumentar. El problema entonces se debe erradicar desde el inicio (desde la educación del menor en sus primeros años escolares) tanto en el hogar hablándole claramente de cuáles son sus derechos y sus límites, como en el colegio reforzando esos límites en su entorno escolar, ampliando los mecanismos de denuncia a las víctimas del acoso escolar, así como implementar campañas para la concientización no solo desde el punto de vista ético y moral sino desde la óptica legal, haciendo énfasis en las consecuencias de sus actos.
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