Revisar la historia crediticia suele asociarse de manera exclusiva con solicitar un préstamo, financiar una compra o acceder a un producto financiero. Sin embargo, en la era digital actual, dicha práctica se ha transformado también en una herramienta fundamental para detectar a tiempo casos de suplantación de identidad.
Un cobro desconocido, una consulta no autorizada o un producto abierto a nombre de un tercero son señales tempranas de que los datos personales fueron utilizados para adquirir una obligación sin el consentimiento del titular. Por eso, más allá de conocer el puntaje o el comportamiento de pago, la revisión periódica del historial permite identificar movimientos que no corresponden a la realidad financiera.
Estadísticas de fraude y percepción ciudadana
De acuerdo con las mediciones de DataCrédito Experian, el 97,7 % de los colombianos considera que el fraude ocurre con frecuencia en el país. El estudio detalla que el 36,6 % de los encuestados afirmó haber sido víctima directa en el último año, mientras que el 61,1 % conoce a alguien cercano que atravesó por una situación similar.
Entre las modalidades de fraude más reportadas se encuentran:
- Las estafas en compras online o phishing, con un 34,5 %.
- El fraude digital por hackeos o enlaces maliciosos, con un 26,7 %.
- El uso indebido de tarjetas de crédito, con un 14 %.
- La suplantación de identidad directa, con un 12,6 %.
- Los préstamos solicitados a nombre de la víctima, con un 8,5 %.
«Cuidar la identidad personal también es cuidar la posibilidad de acceder al crédito formal. Cuando una persona revisa su historia crediticia y actúa a tiempo frente a una alerta, está protegiendo su buen nombre financiero y su capacidad de acceder a futuras oportunidades dentro del sistema formal», señaló David Bocanument, presidente de FGA Fondo de Garantías.
Pérdidas económicas y marcos normativos
El impacto del fraude trasciende la alteración de datos. Según un reporte de TransUnion, los consumidores colombianos que declararon haber perdido dinero por fraude digital durante el último año registraron una pérdida mediana de 5,8 millones de pesos. Asimismo, la tasa más alta de presuntos fraudes digitales durante 2025 se concentró en la fase de creación de cuentas, alcanzando un 7,2 %.
Dado que gran parte de las suplantaciones ocurren mediante la apertura de créditos o servicios no autorizados, actuar con rapidez es vital. La Ley 2573 de 2026 refuerza la protección de los ciudadanos frente a reportes negativos y cobros derivados de la suplantación de identidad, otorgando mecanismos claros para corregir la información financiera tras interponer la respectiva denuncia ante las autoridades.
FGA Fondo de Garantías aconseja a la ciudadanía prestar atención a señales de alerta como cobros de obligaciones no reconocidas, notificaciones de créditos no solicitados, consultas desconocidas en el historial o dificultades injustificadas para acceder al sistema financiero. Ante cualquier sospecha, se recomienda contactar de inmediato a la entidad implicada, dejar constancia formal del desconocimiento y solicitar la corrección de los datos.
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