La piratería audiovisual se ha convertido en una amenaza estructural para la sostenibilidad del ecosistema digital y televisivo en América Latina. Con ese contexto, se desarrolló en Bogotá el foro “Productividad con legalidad: el reto urgente del sector audiovisual”, organizado por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA) y LALIGA, con el respaldo de entidades públicas, fiscales y líderes de la industria en la región.
Durante el evento, se presentó un panorama alarmante: más de 22 millones de hogares en América Latina y el Caribe acceden a contenidos audiovisuales de manera ilegal, lo que representa pérdidas anuales superiores a USD 8.800 millones —USD 2.400 millones por señales de televisión y más de USD 6.400 millones por piratería digital.
“El fraude audiovisual no es un delito menor. Afecta el empleo, la inversión y la innovación. Necesitamos endurecer las sanciones y fortalecer la cooperación regional”, afirmó Jorge Bacaloni, presidente de ALIANZA.
Modalidades, cifras y consecuencias
Según datos actualizados:
- 1 de cada 3 hogares con internet de banda ancha consume contenidos piratas.
- El subreportaje, las transmisiones clandestinas y las plataformas ilegales son algunas de las cinco principales modalidades de fraude.
- Más de 16 millones de suscriptores acceden ilegalmente a servicios de TV paga en la región, cifra que incluso supera el número de abonados legales en varios países.
Expertos de entidades como FIFA, Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), ASOTIC, Vrio Corp, Win Sports y Ole Distribution coincidieron en que se requiere una reforma legal y tecnológica urgente para enfrentar este fenómeno que afecta desde creadores de contenido hasta consumidores.
Colombia mira hacia el modelo argentino
Uno de los momentos clave del foro fue la exposición del fiscal argentino Alejandro Musso, quien compartió la experiencia exitosa de su país en la persecución penal del delito informático y la protección de señales. Esta estrategia será evaluada por autoridades colombianas como posible referente para reformas legales locales.
También se reconoció el rol de la DNDA en Colombia y se instó al Congreso y al Gobierno a actualizar el marco normativo que regula los derechos de autor frente a las nuevas realidades digitales.
“Este no es un problema tecnológico, es un problema legal, económico y cultural. Y requiere una respuesta multisectorial e inmediata”, enfatizó Víctor Hugo Portillo, de LALIGA.
Llamado a la acción: cooperación, normatividad y cultura de legalidad
El foro culminó con un llamado conjunto de ALIANZA y LALIGA a:
- Endurecer sanciones penales y administrativas.
- Promover políticas públicas de legalidad digital.
- Crear campañas educativas para sensibilizar a los consumidores.
- Incentivar alianzas entre gobiernos, operadores, medios y plataformas.
La piratería, concluyeron los expertos, no solo perjudica a grandes empresas, sino que compromete la viabilidad de miles de empleos y proyectos culturales en la región.
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