A partir de julio del 2024 se iniciarán las sesiones ordinarias del Congreso de la República, donde se discutirán siete Proyectos de Ley entre los que se encuentran los números: 091-2023 y 130-2023, enfocados en la regulación de una de las tecnologías más modernas y consistentes, siendo el caso de la Inteligencia Artificial (IA).
Lo anterior con el fin de regular el uso, promoción y habilitación de la IA en diferentes áreas de la administración entre las cuales se encuentran: las políticas públicas para el desarrollo, el deber de informar de manera responsable, armonizar esta tecnología con el derecho al trabajo de las personas, régimen general de protección de datos personales como un agravante del artículo 296 del Código Penal, y por último, mejorar la eficiencia en la disminución de siniestros viales, automatizando los procesos de análisis de riesgos en tiempo real.
La empresa de tecnología líder en IA en el país, OlimpIA, realizó un análisis detallado de los elementos que deben considerarse dentro de la normatividad para generar seguridad, ética y acceso a todas las personas que la desarrollen o utilicen, como se indica a continuación:
● Garantizar la seguridad: implementar medidas estrictas para proteger los datos y sistemas utilizados por la IA, aplicando estándares internacionales de seguridad y realizando auditorías periódicas. Es necesario establecer protocolos de ciberseguridad robustos que prevengan accesos no autorizados y vulnerabilidades en los sistemas.
● Asegurar la ética: establecer principios que guíen el desarrollo y uso de la IA, evitando sesgos y discriminación. Se requiere que los desarrolladores adopten un enfoque ético desde el diseño hasta la implementación, garantizando que las decisiones automatizadas no perpetúen injusticias o discriminaciones. La inteligencia artificial debe ser diseñada para respetar los valores humanos.
● Protección de las personas: asegurar que la IA respete los derechos y la privacidad de los individuos, garantizando que los sistemas cumplan con las leyes de protección de datos y los usuarios tengan control sobre su información sensible. Es fundamental que las personas cuenten con la posibilidad de corregir o eliminar sus datos.
● Promover la innovación responsable: la regulación debe equilibrar la necesidad de promover el avance tecnológico con la responsabilidad de minimizar los riesgos. Esto incluye proporcionar incentivos para la investigación y el desarrollo de la IA, mientras se garantiza que se realicen de manera ética y segura.
● Establecer mecanismos de supervisión: asegurar el cumplimiento de las normativas de IA, por medio de las entidades reguladoras que supervisan, auditan, imponen sanciones y promueven buenas prácticas del desarrollo y uso de esta tecnología, garantizando que las organizaciones cumplan con la reglamentación legal.
“En OlimpIA creemos que una buena normatividad impulsa la innovación y fomenta el desarrollo tecnológico de manera ética y segura, lo cual sirve en nuestra actividad para proteger los datos e identidad de las personas”, afirmó Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA.
En Colombia existen algunas regulaciones relacionadas con la IA:
● Ley 1955 de 2019 (Art. 147. Transformación digital pública): por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, donde las entidades públicas llevan a cabo planes de acción y transformación digital, priorizando las tecnologías emergentes referentes a la Cuarta Revolución Industrial (4RI) entre las que se encuentra la IA, Big Data, Internet de las cosas (IoT) y robótica, entre otras.
● Documento Conpes 3975 de 2019: define la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial, orientado a fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la 4RI, con el fin de asegurar el talento humano requerido.
Queda la expectativa del debate parlamentario sobre las nuevas regulaciones referentes a la IA con la participación de los sectores interesados, buscando el beneficio común en cuanto al desarrollo tecnológico en el país. OlimpIA continúa trabajando para velar por el cumplimiento de las normativas y protección de datos, buscando el bien común.
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