Tenemos cero tolerancia con la corrupción y hemos generado los mecanismos para identificar y cortar de raíz este tipo de hechos al interior de la entidad”, manifestó Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Por su parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, hizo un llamado a las víctimas a denunciar estos hechos que van en contravía de sus derechos. “Los invitamos a hacer las respectivas denuncias. Ustedes son una prioridad para nosotros, en este Gobierno trabajamos para garantizar sus derechos”, afirmó Idárraga.
Con base en las pruebas recopiladas por la actual administración, la Unidad de Restitución de Tierras y la Secretaría de Transparencia trasladaron estas denuncias a la Fiscalía y Procuraduría, respectivamente, de los casos identificados en la Dirección General y las direcciones territoriales del Meta y Apartadó.
Las modalidades de corrupción identificadas son el cobro equivalente al 10% sobre el valor de contratos, y los cobros para establecer si un predio se inscribe o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF).
En el primero de los casos, la URT logró evidenciar situaciones de reclutamiento a personas que carecían del conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que ejercían su trabajo. Por lo tanto, se les indicaba qué decir en las entrevistas para su ingreso a la entidad. Por este proceso pagaban entre 1 y 2 millones de pesos anuales.
La otra modalidad de corrupción se relaciona con la inscripción de predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Los hechos irregulares se detectaron en las direcciones territoriales de Apartadó y Meta, donde se evidenció que contratistas y funcionarios de la entidad, cobraban sumas de dinero a solicitantes de tierras y personas vinculadas al proceso, como terceros ocupantes, para dilatar la toma de decisiones.
Según las investigaciones, en la Dirección Territorial del Meta, el profesional de seguridad cobraba alrededor de 10 millones de pesos por cada resolución a favor del solicitante y 7 millones de pesos a personas interesadas de evitar la inscripción de los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). En el Meta, al parecer, un denunciado, también cobraba el 15 % del predio a restituir.
Además de los casos del Meta y Apartadó, existen presuntos hechos similares en la Seccional Putumayo, el cual continúa en proceso de investigación y clarificación, para detectar responsables y modus operandi.
El secretario Andrés Idárraga y el director de la Unidad, Giovani Yule, trabajarán conjuntamente en el refuerzo del Plan Anticorrupción, al igual que en los mapas de riesgo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas.
Para Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras lo más doloroso, en los casos denunciados ante las autoridades, es que las víctimas tenían la convicción de que el proceso de restitución de tierras tenía costo. “Somos enfáticos, el proceso de restitución de tierras es gratuito”, concluyó.
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