Una comisión de la Fiscalía General de la Nación, conformada por personal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, investigadores, médicos forenses y otros expertos, estableció que no existió el posible abuso sexual por parte de un militar estadounidense contra una niña Nukak Makú.
“Con esta actividad investigativa, no solo en la Fiscalía, sino también en otras entidades que podrían estar involucradas, e incluso con la misma comunidad Nukak, se ha concluido que no se ha encontrado nada, repito, nada sobre el caso al que se hizo referencia…”, enfatizó el Fiscal General.
La supuesta agresión fue divulgada por un medio de comunicación internacional, que también aseguró que la víctima habría dado a luz a un bebé. Ante esto, la Fiscalía realizó varias verificaciones en el hospital departamental, la Registraduría, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), otras entidades del orden nacional y local, y con la misma comunidad indígena.
“Dirigiré una carta al presidente de Univisión para explicarle cada uno de estos temas y el trabajo que hicieron los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y que se rectifique esa información porque no es veráz”, reveló el Fiscal Barbosa Delgado.
La comisión de la Fiscalía continuará en el departamento y realizará una priorización de los delitos sexuales y otras graves casos de vulneración de los derechos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
“En primer lugar vamos a fortalecer, en San José del Guaviare, los actos urgentes con un fiscal e investigadores dedicados exclusivamente a atender este tipo de delitos en los que las víctimas son miembros de la comunidad indígena (…) vamos a fortalecer esto, hay unos problemas con estas comunidades, que son comunidades nómadas (…) es una comunidad particular”, precisó el Fiscal General de la Nación.
Para la práctica de los actos urgentes también se articularán las capacidades de Medicina Legal y los médicos rurales para tener una visión integral; y se harán verificaciones en bares y hoteles, entre otros lugares, para identificar hechos en los que se haya afectado la libertad y formación sexual de indígenas menores de edad.
Las consultas realizadas ante el ICBF dan cuenta de 378 casos de abuso sexual contra integrantes de las comunidades indígenas de Guaviare. Estos datos serán contrastados con los sistemas misionales de la Fiscalía para tener claridad sobre el trámite y celeridad que se les ha dado; y para establecer si las víctimas han recibido atención oportuna e integral.
“Si se demuestra negligencia en la atención de estas víctimas, de estos delitos, por parte de autoridades departamentales, municipales, nacionales y policiales, se iniciarán las investigaciones pertinentes por el posible delito de prevaricato por omisión”, concluyó el Fiscal.
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