Entendiendo las necesidades que tiene la población migrante y refugiada, especialmente las mujeres que llegan a Colombia producto de la crisis humanitaria de Venezuela, en 2018 Profamilia creó el proyecto Sin Fronteras, con el que a la fecha ha atendido a más de 227 mil refugiados, migrantes, población retornada y comunidades de acogida con más de 600 mil servicios en salud con énfasis en salud sexual y reproductiva. Del total de estas personas, el 46% representa población joven (menor de 28 de años) y el 91%, corresponde a mujeres.
Los contextos de crisis humanitarias y fenómenos migratorios afectan de manera desproporcionada a las niñas y a las mujeres que se ven mayormente expuestas a violencias basadas en género y a enfrentar barreras para acceder a servicios en salud sexual y reproductiva. De hecho, datos de Profamilia identificaron el top 10 de las necesidades insatisfechas en población migrante y refugiada en esta materia, ubicando en primer lugar la dificultad para acceder a métodos anticonceptivos, seguido por la prevención y atención de Infecciones de Transmisión sexual; la prevención del embarazo adolescente; el acceso a información y Educación Integral en Sexualidad, así como las barreras en servicios de aborto seguro. Esto sumado a los numerosos retos y obstáculos para ejercer otros derechos fundamentales como la educación, la vivienda, la seguridad y el empleo.
Actualmente, se estima que el 36% de la población migrante y refugiada venezolana se ubica en Colombia, este número representa a más de 2 millones de personas, de las cuales el 52% son mujeres[1], que como Jenny Guevara y Lidis Rojas[2], llegaron al país con el sueño de reconstruir su realidad y las de sus familias, pero debido al desconocimiento y falta de información, no sabían cómo acceder y ejercer sus derechos más básicos.
A Jenny Guevara, una manicurista que migró a Colombia y actualmente vive en Cúcuta, la atención que recibió le cambió su percepción sobre la sexualidad y le permitió tomar decisiones sobre su salud y su proyecto de vida, “son muy atentos y las charlas fueron de mucha ayuda, allí recibí una muy buena atención y me dieron unos kits que me han ayudado” aseguró. Como ella, más de 40 mil personas han accedido a los servicios de Profamilia durante 2022, mujeres que como Jenny representan a miles de migrantes que necesitan acceder a atención integral, oportuna y humanizada, libre de cualquier tipo de violencia o discriminación.
De hecho, según la Evaluación Conjunta de Necesidades realizada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en el periodo registrado, al menos el 57% de la población migrante y refugiada necesitó servicios ginecológicos, el 34 % requirió métodos anticonceptivos, mientras que el 24 % presentó necesidades de salud sexual y reproductiva. A pesar de ello, más del 50 % no logró acceder a estos servicios, poniendo en riesgo su salud y su vida.
“La garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos no tiene fronteras, con esa premisa trabajamos en Profamilia, atendiendo un frente que no siempre se prioriza en contextos de crisis humanitaria pero que en ninguna circunstancia se puede desatender: el de la sexualidad. Esta no ha sido una tarea fácil pero nuestra intención ha sido acompañada por el apoyo de la cooperación internacional que entiende la sexualidad y la salud como un derecho humano que hay que garantizar sin ningún tipo de violencia o discriminación” aseguró Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.
Es así como este 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, Profamilia hace un llamado para visibilizar los Derechos Sexuales y Reproductivos de la población migrante y refugiada como un asunto de salud pública indispensable para la superación de la crisis humanitaria; asunto que requiere del compromiso público, privado, institucional y social, así como del sostenimiento del apoyo de la cooperación internacional para poder superarse.
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