El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización, en cumplimiento de la Ley anti-trámites 2052 de 2020.
En consecuencia el reporte del ente administrativo arrojó que el departamento de Norte de Santander debe simplificar 24 trámites que se realizan en las Alcaldías de Cúcuta, Bucarasica, Cachirá, Chitagá, San Cayetano, Villa Caro, Villa del Rosario y Ocaña; así como en la Universidad Francisco de Paula Santander.
Los trámites a intervenir en la Alcaldía de San José de Cúcuta son: certificado de estratificación socioeconómica, de riesgos y predios, y concepto de uso del suelo. Por otra parte, la Alcaldía de Ocaña debe modificar los trámites relacionados al impuesto predial unificado, y de industria y comercio.
Por su parte, la Universidad Francisco de Paula Santander debe ajustar trámites de trasferencia de estudiantes, cancelación de la matrícula, reingreso a un programa académico, certificado de notas y constancia de estudios.
A la Alcaldía de Chitagá se le pide intervenir la asignación de nomenclatura, el impuesto sobre el alumbrado público, el concepto de uso del suelo, la licencia urbanística, y la radicación de documentos para actividades de contrucción.
Además, la Alcaldía de Villa Caro debe ajustar los trámites de retiro de un hogar de la base de datos del SISBEN, registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y el certificado de residencia.
Finalmente los municipios de Cachirá, Bucarasica, Villa del Rosario y San Cayetano tendrán que modificar los trámites en relación al impuesto predial unificado, la inclusión y retiro de beneficiarios de programas sociales, y el certificado de paz y salvo.
En el país en total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial y que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre de 2021 y no se reportó su cumplimiento y a aquellos trámites que aún no han sido simplificados.
Función Pública señaló que las entidades que requieran asesoría en la racionalización de los trámites, pueden acudir a un equipo multidisciplinario que tiene la entidad para atender las solicitudes en todo el país.
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