En la primera medida adoptada por el nuevo Superintendente Nacional de Salud, Ulahi Beltrán López, para garantizar el derecho a los servicios de salud oportunos y de calidad que tiene 541 mil ciudadanos de Huila y Boyacá, se ordenó hoy la liquidación del programa de salud Comfamiliar Huila, principal administrador de recursos de salud en este departamento.
Mediante la resolución 5521-6 de este 26 de agosto, la Supersalud ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios, así como la intervención forzosa administrativa para liquidar del programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila, teniendo en cuenta la crítica situación que atraviesa y que hoy tiene en riesgo la vida de sus afiliados en los departamentos de Huila y Boyacá.
“De acuerdo con el seguimiento realizado, esta Entidad Promotora de Salud no logró implementar acciones contundentes que permitieran garantizar una atención integral a los ciudadanos; no podemos permitir que las administradoras de recursos no cumplan con su rol y pongan en riesgo al ciudadano y seguiremos tomando decisiones en los casos que identifiquemos vulneración a sus derechos”, dijo el Superintendente, al anunciar la orden de liquidación de esta EPS.
La Supersalud evidenció el crítico estado financiero que registra esta EPS y el avanzado deterioro en sus indicadores asistenciales, factores que ponen en serio riesgo la prestación del servicio de salud de la población afiliada, que en su gran mayoría son personas en condiciones vulnerables que pertenecen al régimen subsidiado.
“Nos hemos comprometido a convertir la Supersalud en una entidad resolutiva, que sea aliada y solidaria de los ciudadanos para que el respeto por el derecho a la salud se vuelva una costumbre y deje de ser solamente discurso y retórica”, aseguró el Superintendente Nacional de Salud.
El programa de salud de la Caja de Compensación Familiar del Huila se encontraba desde abril de 2019 bajo medida de vigilancia especial que fue prorrogada sucesivamente en cinco oportunidades por la Supersalud a lo largo de los últimos tres años y medio frente al deterioro acentuado de los principales indicadores de operación.
Barreras para la atención
En reciente evaluación a sus indicadores, la Supersalud evidenció en la EPS Comfamiliar Huila uno de los más altos niveles de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) del régimen subsidiado por lo que estaba entre las EPS con más quejas en los dos departamentos donde opera.
Las quejas estaban relacionadas con demoras para acceder a consulta de medicina especializada, la falta de oportunidad en la programación de cirugías o exámenes de laboratorio, y la falta de suministro oportuno y completo de los medicamentos.
En los primeros 8 meses de este año recibió más de 8.267 PQRD de sus afiliados y solamente en el periodo de enero a mayo de este año la EPS fue notificada de 749 acciones de tutela por concepto de atenciones en salud.
La EPS dificultaba el acceso a servicios de alto costo como quimioterapias y radioterapias para cáncer y les ponía barreras a los pacientes infectados por VIH o a aquellos que requerían reemplazos articulares.
Adicionalmente, la baja captación de gestantes antes de la semana 12 en la detección de alteraciones durante el embarazo de manera temprana, desencadenó un incremento de casos de sífilis congénita y mortalidad perinatal.
Incumplimiento en indicadores financieros Para ordenar la decisión de liquidar, la Supersalud tuvo en cuenta también el alto endeudamiento, el incumplimiento de los indicadores financieros, así como el pasivo acumulado con su red de clínicas y hospitales.
En este último aspecto, con corte a mayo de 2022 la EPS Comfamiliar Huila tenía deudas con la red prestadora y proveedora de servicios por $389.040 millones, lo que equivalía a un aumento del 58% respecto del saldo registrado al cierre de 2018.
A la luz de los reportes oficiales, la EPS Comfamiliar Huila no llevó a cabo los suficientes procesos para conciliar, depurar y sanear las cuentas por pagar y cobrar con sus acreedores, pues tenía pendiente este tipo de gestiones con el 70% de su red prestadora y proveedora de servicios de salud.
En el monitoreo a los indicadores, la Supersalud encontró que durante la mayor parte de los últimos cuatro años la EPS incumplió con las condiciones financieras y de solvencia y mantuvo esa tendencia hasta ahora pues en el corte de mayo de 2022 tenía un patrimonio negativo de $375.701 millones, así como un negativo de $171.217 millones en el capital mínimo y de $133.312 millones en el patrimonio adecuado.
Como conclusión, la EPS se encuentra en un alto riesgo de insolvencia toda vez que mantiene un nivel de endeudamiento de 11.3 sobre los activos y su pasivo es de $412.299 millones, un 76.8% superior al valor reportado a diciembre de 2018.
En el acto administrativo que ordena la liquidación de esta EPS, se designa como liquidador al actual director administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Huila, Juan Carlos Varela, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo en el artículo 2 del Decreto 3023 de 2002.
Este liquidador deberá garantizar la prestación del servicio de salud a la población afiliada hasta que se lleve a cabo su traslado. Precisamente el proceso de asignación de usuarios y de traslado hacia las EPS receptoras estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social.
Esta decisión de la Supersalud de ordenar la liquidación de la EPS Comfamiliar Huila se suma a la decisión de intervención total adoptada el pasado 25 de julio por la Superintendencia de Subsidio contra la Caja de Compensación Familiar del Huila
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