El siguiente documento es un informe anual sobre hechos relacionados con orden público e ilegalidad, medio ambiente y conflictividad social alrededor del sector petrolero y gasífero durante 2020; esfuerzo que se deriva del seguimiento mensual de Crudo Transparente (CT) en el Pulso Petrolero regional.
En el 2020 la industria petrolera colombiana se vio afectada por la propagación del virus Covid-19 y las diferencias en cuanto a producción entre Rusia y la Organización de la Países Exportadores de petróleo (OPEP+). A partir de este doble choque, el sector se vió afectado en temas de producción, reservas, empleabilidad, entre otros aspectos.
Paralelamente, se fueron desarrollando los debates acerca de la implementación del fracking, las modificaciones al SGR, la modalidad del offshore, el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), el Acuerdo de Escazú y los mecanismos de participación entre las autoridades nacionales y territoriales para la exploración y explotación del subsuelo y los recursos naturales no renovables (RNNR).
Por otra parte, dentro del análisis se muestran cifras y datos relacionados con hechos de conflictividad social, ambiental e ilegal en el sector petrolero colombiano en el 2020. Lo que más se registró en cuanto a orden público fue: atentados a los oleoductos, que en total 32; principalmente en el Caño Limón Coveñas y Trasandino. Vale la pena resaltar, que en el 2020 disminuyeron estos hostigamientos frente a los datos del 2019, los cuales fueron 46.
Además, la base de datos de CT arrojó que la incautación de refinerías ilegales aumentó en comparación con el 2019, dado que se registraron más de 10 de estas estructuras ilegales, en los departamentos de Norte de Santander y La Guajira. Asimismo, para el año pasado se denunció el robo sistemático de camionetas pertenecientes a las compañías contratistas. Según lo informado por Ecopetrol y lo analizado por CT, en inmediaciones del Campo Tibú, Norte de Santander, es donde más se notificaron estas acciones.
Con respecto a medio ambiente y conflictividad social, estos aumentaron significativamente para el 2020; y más los aspectos de conflictividad social. En los datos se denota que se cuadriplicó (77) el número de sucesos frente al 2019, esto está estrechamente relacionado con las protestas derivadas de los despidos masivos en la cuarentena decretada, dada la propagación de la Covid-19.
Igualmente, departamentos como: Norte de Santander, Arauca, Meta, La Guajira, Putumayo, Santander y Casanare fueron las zonas donde más se registraron hechos de conflictividad social, ambiental e ilegal en el sector petrolero durante el 2020; siendo Norte de Santander, el más afectado por estos hechos. Es importante resaltar, que esta región fue la más perjudicada en la incautación de hidrocarburo ilegal, dado que se decomisaron 46 543 galones de combustible de contrabando, junto con César y La Guajira; territorios fronterizos con Venezuela.
Se debe destacar y como se evidencia en los datos, los sucesos en relación con el orden público e ilegalidad fueron los que más sobresalieron en el seguimiento mensualmente del 2020. Esta categoría, desde el 2017, es la que más registra hechos; analizando la base de datos de CT, estos representan más de la mitad de lo recopilado. Ataques a la infraestructura petrolera, las instalaciones de válvulas ilícitas y el contrabando de gasolina ilegal son los más notificados, siendo esta última actividad la que va en aumento. El sistema de alertas de CT registró un total de 134 184 galones de combustible entre gasolina, diésel y ACPM para el 2020.
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