Esta semana, tres antiguas víctimas de despojo o abandono forzado de tierra acaecido en Norte de Santander recibieron por parte de la justicia una excelente noticia: sus predios o el derecho que como propietarios les asiste, volverán a sus manos.
Esto a razón de que, en los últimos días, estrados judiciales de Cúcuta encargados de atender procesos sobre solicitudes de restitución de tierras, profirieron los tres más recientes fallos que han beneficiado en esta materia a víctimas del conflicto armado en Norte de Santander.
Tres rostros de la restitución
1) Hasta el año 2000, Elizabeth y su esposo llevaban una vida que, aunque de esfuerzo por la ardua labor del campo, podía llamarse tranquila y, lo más importante, era de ellos y la llevaban a su gusto. Todo cambio cuando ese mismo año los paramilitares que perpetraron la arremetida de ese grupo en Norte de Santander arribaron hasta el corregimiento en que la pareja vivía, asesinando al que fuera el esposo de Elizabeth.
Ella, ante el temor por lo ocurrido, se marchó despavorida hacia Cúcuta, donde tras padecer lo más cruento del desplazamiento, logró asentarse en una vivienda que adquirió por dos millones con los ahorros obtenidos de los trabajos informales que durante ese periodo realizó.
Sin embargo, pese a huir constantemente de la violencia, Elizabeth vino a encontrarse nuevamente con ella, ya que una deuda adquirida con un prestamista informal derivó en amenazas e intimidaciones por parte de paramilitares para que vendiera el inmueble, lo que se vio obligada a hacer hacia finales del año 2007.
Desde entonces el predio solicitado fue objeto de dos ventas más, la última de ellas a nombre de los opositores a los que el proceso resuelto reconoce su buena fe exenta de culpa, compensándolos al mantener “su titularidad sobre el bien objeto de este proceso”.
Por su parte, Elizabeth recibirá un “inmueble equivalente igual o mejor en el lugar donde reside”. Siete años después de haber dado por perdido todo, esta mujer recupera parte de la tranquilidad que una vez le fue arrebatada cuando la violencia llamó a su puerta.
2) La noche del 24 de marzo de 2001 Paola tenía 14 años y, como era viernes, se mantenía aún despierta pasando el tiempo frente al televisor de su casa, en Cúcuta. Minutos después, y ante la mirada de la niña, hombres armados pertenecientes a los paramilitares irrumpieron hasta la vivienda y de varios disparos acabaron con la vida de sus padres. De un tajo, Paola y su hermano, entonces de cuatro años de edad, pasaron a engrosar los listados de víctimas de la violencia que para la fecha llegaban al cielo en Cúcuta y el resto del país.
El par de menores continuaron recibiendo presiones que llevaron a que para el año 2008, cuando Paola contaba con la mayoría de edad, vendieran el inmueble por una cuantía de la que declaró no recibir la totalidad del dinero.
Recibida la solicitud, la Unidad de Restitución de Tierras llevó el caso hasta la etapa judicial en que hoy se le da la razón a estos dos hermanos y se les reintegra su derecho de propiedad sobre el predio que perteneciera alguna vez a sus padres asesinados.
El fallo que los beneficia con la restitución del inmueble, además de ordenar al ICBF la asignación de un defensor de familia para el hermano menor, declara no probada la oposición de quien adquirió el predio en el tiempo de los hechos y rechaza la pretensión de ser compensado.
Paola y su hermano, pese a lo ocurrido años atrás, son hoy testigos del efectivo actuar del Estado y guardan gratitud hacia la Ley que les permitió resarcir parte del daño sufrido.
3) El sueño de adquirir una vivienda para que en ella viviera su mamá no resultó como Guillermo lo imaginó. Aunque la mujer sentía ya orgullo por el obsequio de su hijo, hacia el año 2002, tiempo después de que habitara en Cúcuta el inmueble por el que el joven había trabajado durante mucho tiempo, integrantes de grupos de autodefensas asesinaron a una de sus hermanas e hicieron salir desplazada a la familia, la cual se refugió a partir de allí en Venezuela.
Con el paso de los días, la entonces abandonada vivienda fue invadida por una mujer cuyo estado de necesidad (no contaba con trabajo y tenía para entonces cuatro hijos, menores de edad) la llevó a ocupar el predio.
Esta misma mujer, a su vez desplazada de la violencia, recibió tiempo después la visita de hombres armados que, tras interrogarla sobre la forma en que llegó al predio, le indicaron que permaneciera allí. Lo que ha hecho hasta el día de hoy en compañía de los menores a su cargo, los cuales han llegado a ser siete pues vela también por los de su actual compañero.
Presentados los alegatos del caso, la justicia encargada del tema de tierras dispuso en la sentencia sobre el particular que, aunque debe cumplirse la restitución del predio, ésta se hará compensando al solicitante por cuanto el predio reclamado es ejido y además se encuentra en una zona de alto riesgo.
En cuanto a la mujer que invadió la vivienda por necesidad, y que es al mismo tiempo víctima de despojo y objeto de especial protección por la condición de vulnerabilidad de ella y sus hijos, la sentencia proferida le otorga beneficios.
“Se ordenará a la Alcaldía de San José de Cúcuta, que proceda con la reubicación de la señora en una vivienda digna y que no se encuentre en zona de alto riesgo. Adicionalmente, proceda a transferir gratuitamente un bien fiscal titulable equivalente al que es objeto de restitución, lo anterior teniendo en cuenta que ha ocupado un bien ejido destinado a vivienda de interés social por un término superior a 10 años, el cual sin embargo se encuentra ubicado en Zona de Alto Riego”.
Siguen los avances
Sumando los tres recientes fallos proferidos, la dirección territorial Norte de Santander, de la Unidad de Restitución de Tierras, llega a 15 sentencias que ordenan la devolución de predios a sus legítimos dueños en este departamento. Los fallos emitidos hasta el momento en este departamento corresponden a 155 hectáreas y 7.300 metros cuadrados restituidos.
Asimismo, Cúcuta, con siete sentencias, pasa a ser el municipio con el mayor número de fallos sobre restitución de tierras de Norte de Santander, desde que entró en vigencia la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. A este municipio le siguen en sentencias Tibú, con seis, y El Zulia, donde se han proferido dos de estas decisiones.
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