En el centro de Mando Unificado, instalado en el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, los colombianos que han sido deportados en los últimos días desde Venezuela recibirán asistencia humanitaria y se les tomarán las denuncias sobre los atropellos sufridos. Así lo informó en rueda de prensa, realizada este lunes en la Gobernación, la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín Cuéllar.
“Lo que nos ha interesado a nosotros, y es en lo que hemos estado muy enfocados, es el tema humanitario. Es importante que nuestros connacionales se encuentren en buen estado. De tal forma, que el propósito fundamental de esta Mesa es velar por sus derechos, agilizar la reunificación familiar y mantener informada a la población”, aseguró Holguín Cuéllar.
La entidades que conforman la Mesa son: Cancillería, Ministerio del Interior, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Registraduría, Departamento para la Prosperidad Social, Gobernación, Alcaldías de Cúcuta y Villa del Rosario, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cruz Roja Colombiana, Defensoría del Pueblo y Unidad Nacional para la Atención de Víctimas.
La Ministra reiteró el rechazo del Gobierno Nacional al cierre de la frontera “estamos convencidos que no es cerrando la frontera que vamos a poder luchar contra el contrabando los dos países, situación que está generando condiciones complejas como lo hemos podido evidenciar en todos los habitantes que residen en uno u otro lado de la frontera, que estudian o trabajan y que están teniendo muchos problemas”.
Agregó, “muchos nos han expresado su inquietud por sus enceres y bienes personales y eso lo hemos solicitado a través de la cónsul y lo haremos el miércoles en la reunión, con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, que puedan rescatar todas sus cosas cada uno de los deportados”.
En horas de la mañana con el fin de analizar la situación en la zona de frontera y conocer de primera mano las afectaciones de los deportados, la Canciller se reunió en el comando de San Mateo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz Contreras; el director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Richard Vargas; el comandante de la Región No. 5 de Policía, el jefe de la Misión en Colombia de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Alejandro Guidi; el brigadier general Jaime Vega; el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Jaime Barrera; el alcalde de San José de Cúcuta, Donamaris Ramirez-Paris Lobo y el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Socha Hernández.
Allí se informó, de acuerdo con los datos suministrados por Migración Colombia, Policía Nacional y organismos humanitarios, que a la fecha han sido deportadas 751 personas, de ellas 612 son adultos y 139 menores de edad.
De estos colombianos, 514 están siendo atendidos en los albergues habilitados en Cúcuta y Villa del Rosario. Mientras que 237 decidieron retornar a sus hogares en Colombia.
A su vez, 146 niños y niñas que viven en Venezuela han podido asistir a sus clases en Colombia: 56 pasaron por el puente internacional Simón Bolívar y 90 por el puente Unión de Puerto Santander.
Como parte de la mesa unificada, una de las gestiones corresponde a la Registraduría, entidad que entregará, sin denuncia, duplicados a los deportados que perdieron sus documentos de identificación. Por su parte, la UNGRD ofrecerá asistencia jurídica a los municipios para la declaratoria de calamidad pública y otorgará subsidios para vivienda.
La Canciller, el Ministro del Interior, el Defensor del Pueblo, el Gobernador y el Alcalde de Cúcuta, visitaron el Centro de Migraciones de Cúcuta, donde escucharon las historias de colombianos que fueron deportados desde Venezuela.
También recorrieron el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a la población de Villa del Rosario en el Norte de Santander con San Antonio del Estado Táchira (Venezuela), y el coliseo del Colegio Municipal de Cúcuta.
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