La audiencia pública sobre economía forestal como eje de la bioeconomía nacional, convocada por la senador Miguel Uribe Turbay, fue el escenario propicio para que comunidades, gremios, entidades del gobierno nacional y organizaciones vinculadas con los proyectos sostenibles del aprovechamiento del bosque natural, las plantaciones forestales comerciales y los servicios ecosistémicos que de ellas se derivan, expusieran diferentes alternativas, algunas ya en marcha, para que Colombia camine hacia un nuevo orden económico, social y ambiental.
Los bosques plantados y las plantaciones forestales son aliados en la transición energética, al punto que hoy no solo se usan los residuos de poda, bagazos, pellets o serrín para la producción de biomasa, sino que se destinan plantaciones forestales completas como cultivos energéticos renovables y carbono neutrales, lo que permite entregar energía 7/24, a diferencia de otras tecnologías que son discontinuas. Justo por esto, el aprovechamiento de las plantaciones forestales es una respuesta a las necesidades de la ruralidad.
“No es una tecnología nueva, en muchos países ya ha sido utilizada, pero en Colombia hemos tenido que ser pioneros y estamos convencidos de que es una gran oportunidad por su ventaja tecnológica y por la larga cadena de valor que se genera, que se traduce en empleos de todo tipo, desde las actividades más básica hasta las de mayor calificación, justo donde se necesita: en la ruralidad”, aseguró Carlos Andrés López, presidente de la Reforestadora de la Costa (Refocosta).
Si bien estos proyectos requieren una estructuración articulada, tecnología importada y gran financiación, de acuerdo con López, los encadenamientos de valor que generan permiten crear clústeres donde caben todos, desde el gran inversionista hasta los pequeños reforestadores, incluso la comunidad. El reto en adelante es lograr un marco institucional regulatorio que promueva la bioeconomía, genere estabilidad y dé confianza a los inversionistas. “Esto debe ser una estrategia de Estado, de largo plazo, 20 o 30 años, no de un periodo de tiempo corto, sino de una permanente dinámica de exploración y desarrollo que no puede darse sin un marco estatal. Tenemos una gran oportunidad con este proyecto de ley, aprovechémosla”, insistió el presidente de Refocosta.
De acuerdo con la Mesa de Forestería Comunitaria, en 2022, más del 60 % del área de bosques naturales ordenables no contaba con un plan de ordenación forestal, lo que limita las inversiones por la poca accesibilidad a mecanismos de financiación y además dificulta que las autoridades accedan a información confiable para la toma de decisiones. Ante esta situación, la sucursal Andina de la Office National des Forest (ONF) construyó un plan de manejo forestal para 36.000 hectáreas de bosques en Chocó, Guaviare y Caquetá. Solo en uno de sus proyectos de forestería comunitaria, con una extensión de 20.000 hectáreas, se aprovechan un promedio de 4.500 metros cúbicos de madera al año en beneficio de más de 340 familias, demostrando que hace falta propiciar y mantener esquemas de acompañamiento técnico y socio-organizativo con las comunidades.
“Hay cuellos de botella y dificultades en la ordenación forestal, pero trabajamos con las comunidades en fortalecer sus capacidades técnicas y organizativas para que creen sus empresas comerciales y lleven procesos de manejo sostenible de manera independiente”, relató Eleonore Devillers, directora de ONF Andina. También advirtió que hace falta adaptar el marco político y normativo a las realidades y necesidades de las comunidades forestales, y mejorar el acceso a mercados internacionales para conseguir precios justos. Otra recomendación de ONF Andina es desarrollar la investigación para diversificar la oferta, pues en la actualidad solo hay permiso para 80 especies forestales, cuando el potencial es de 500. En ello coincide Rodrigo Martínez, director de investigaciones de Agrosavia: “es importante generar conocimiento alrededor de las especies forestales con las que tenemos modelos de producción y sabemos en qué regiones funcionan mejor. Colombia tiene una gran biodiversidad y con ella puede reemplazar la pérdida de bosques con plantas locales”.
Esto ha llamado la atención de las comunidades indígenas que progresivamente han incursionado en los proyectos forestales con un doble beneficio: por un lado, mitigan las actividades ilícitas que hay en sus territorios (cultivos de coca, minería ilegal, deforestación); por otro, generan recursos que invierten en conservación, cambio climático, educación, salud y cuidado del territorio. “La Amazonía colombiana tiene aproximadamente 27 millones de hectáreas en posesión de los pueblos indígenas. Nosotros también nos estamos transformando y queremos participar de la economía de la nación, una posibilidad que se ha venido incentivando a través de los proyectos forestales”, aseguró Levy Andoque, líder comunitario del proyecto de pago por resultados (REDD+) del Amazonas.
El líder comunitario también hizo un llamado al gobierno para hacer parte de un diálogo de coordinación interinstitucional con la comunidad internacional donde se discuta la adecuación de la normatividad a su realidad, pues algunas leyes restringen el aprovechamiento de los recursos o van en contravía de los derechos territoriales indígenas. De hecho, esperan que los proyectos de REDD+ en territorio indígena queden registrados a su nombre para mejorar las condiciones de sus pueblos.
Resulta importante destacar también la participación de pequeños reforestadores en la economía forestal, pues hoy día gracias a los mecanismos de los proyectos de mitigación de GEI han ido formalizando poco a poco sus plantaciones forestales con las entidades gubernamentales y por medio de mecanismos de asociatividad han logrado aportar en la mitigación del cambio climático.
La Federación Nacional de Industriales de la Madera (FEDEMADERAS) viene articulando diversos actores, gremios y tomadores de decisión alrededor de esta nueva realidad. “El mundo está caminando hacia una mayor bioeconomía, con o sin Colombia. Tenemos como país la oportunidad de hacer un nuevo orden económico, social y ambiental, y la obligación con nuestros hijos de dejar un planeta habitable para su propio futuro”, aseguró Juan Miguel Vásquez, Director Ejecutivo Nacional del gremio.
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