Los dueños de predios rurales en zonas denominadas de alto riesgo o con medidas de protección que deseen enajenar sus propiedades, deberán solicitar, a partir de hoy, ante la Secretaría de Víctimas del Departamento una autorización para llevar a cabo dicho proceso comercial.
Esta medida cobija a los municipios de Sardinata, Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, La Playa, Hacarí, San Calixto, Cucutilla, Arboledas, El Carmen, Gramalote y Ocaña, los cuales, desde el 2002, mantienen extrema vigilancia en el intercambio de lotes, viviendas o fincas.
Así quedó establecido en la sesión en pleno del Comité extraordinario de Justicia Transicional, en el que participaron el gobernador, Edgar Díaz Contreras; los secretarios de Atención a Víctimas, Luis Fernando Niño López; Gobierno, Julio Cesar Silva Rincón; Planeación, Cristian Buitrago Rueda; Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo y los representantes de las víctimas.
“Esta competencia la tenía bajo su potestad la Secretaría de Gobierno, pero a solicitud de los integrantes del Comité de Justicia Transicional se aprobó entregársela a la Secretaría de Atención Integral a Víctimas,” destacó, Díaz Contreras.
En cuanto a la aplicación de la nueva medida, Luis Fernando Niño, secretario de Víctimas, explicó que aunque por ley cualquier persona es libre de enajenar o vender, se debe vigilar de manera especial las zonas golpeadas de la violencia para evitar que los grupos armados ilegales saquen provecho adquiriendo terrenos o propiedades por debajo del valor comercial.
“Si no se tiene la autorización de la Secretaría Departamental de Víctimas, ningún notario podrá avalar jurídicamente la compra-venta. Además, en la revisión que se hace a los documentos, nos podremos dar cuenta si existe alguna presión para vender alguna propiedad” indicó, Niño López
