Después de dos desplazamientos y el constante riesgo de reclutamiento forzado, una familia en La Gabarra, municipio de Tibú, se beneficia con la histórica restitución de tierras. La sentencia favorable fue proferida por el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta, marcando un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de la masacre ocurrida en 1999 en el corazón del Catatumbo, Norte de Santander.
Los beneficiarios de esta reparación integral, una mujer y sus seis hijos, abandonaron su hogar en el año 2000 tras la masacre que sembró terror en La Gabarra. El miedo a ser reclutados por paramilitares fue la razón que los llevó a huir, dejando atrás su vida y propiedades. La familia, que ha enfrentado adversidades desde entonces, ahora ve una luz de esperanza con esta sentencia histórica.
La mujer, cabeza de familia, relató la difícil decisión de abandonar su hogar: «Como a mi esposo lo mató la guerrilla, empezamos a tener muchísimo miedo porque los paramilitares estaban empezando a reclutar a niños y jóvenes, entonces volvimos a sacar a la familia». Aunque no fueron amenazados directamente, el miedo constante y la preocupación por la seguridad de sus hijos motivaron su decisión.
El Juzgado Especializado en Restitución de Tierras evaluó los factores que llevaron a la familia a abandonar su hogar y determinó que la equivalencia en la restitución se realizará otorgándoles un predio de iguales o mejores características en otra región del país. Este paso es esencial para proteger el derecho fundamental a la restitución.
Rafael Figueroa, director territorial (e) de la Unidad de Restitución de Tierras en Norte de Santander, destacó que la familia será incluida en el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Individual. Esto implica el pago de indemnizaciones administrativas y la postulación para recibir subsidio de vivienda, capacitación técnica en el SENA y un proyecto productivo acorde a su vocación agrícola o urbana.
La Unidad de Restitución de Tierras en Tibú ha presentado 389 demandas de restitución, y las sentencias emitidas hasta el momento han beneficiado a 358 personas, de las cuales 200 son mujeres. Este proceso busca no solo reparar las injusticias del pasado sino también contribuir a la construcción de paz y mejorar la calidad de vida de las víctimas del conflicto armado en Colombia.