A finales de noviembre, la Alta Consejería para Población en Discapacidad, presentará a la Asamblea del Departamento el texto final de la Política Pública que reúne los lineamientos para garantizar los derechos de la población discapacitada.
El documento contempla las acciones que cada ente – secretarías de despacho, eps, alcaldías, entre otras- deberán ofrecerles, según su competencia.
Jesús Augusto Romero Montoya, Alto Consejero para la Población en Discapacidad, explicó que los parámetros incluidos son transversales, es decir, que involucran aspectos como el derecho a la salud, educación, recreación y deporte, infraestructura, desarrollo social y acceso a una oferta laboral.
Los avances en la elaboración del documento fueron presentados durante la sesión del Consejo Departamental de Discapacidad, que sesionó el en las instalaciones del Palacio de Gobierno.
Según lo reporta el Funcionario, ya se ha avanzado en un 70% en dicha política, construida con representantes del Sena, ICBF, Universidades de Pamplona, UFPS, Simón Bolívar, las Eps y los representantes por cada condición de discapacidad.
Informó, que en Norte de Santander se tiene un registro preliminar de 29.000 personas en condición de discapacidad, pero, se considera que puede existir una cifra cercana a las 60.000, muchos en edad laboral y con necesidad de vincularlos a un área de desempeño técnico o profesional.
Agregó, que para lograr una atención total a esta población es necesario obtener un registro real por discapacidad; cognitiva, visual, auditiva, física o mental en cada uno de los 40 municipios.
«Esta información nos permitirá conocer la realidad y prioridades de esta población, sus necesidades, medir el impacto económico, social y ambiental que pueda tener la implementación de esta política, conocer las recomendaciones que hacen los actores que intervengan en los talleres para luego socializarlo para su aprobación, explicó el Funcionario.
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