Para dar una atención integral a las comunidades educativas que enfrenten afectaciones ocasionadas por el orden público o por desastres naturales, en el Departamento se estableció una Ruta de Respuesta Inmediata de Educación en Emergencia, que contó con la asesoría y el acompañamiento técnico del Consejo Noruego para Refugiados.
Como primera instancia se encuentran las personerías municipales, Defensoría del Pueblo, Alcaldías, líderes y comunidad, docentes, directivos docentes y administrativos, quienes deberán realizar el monitoreo a situaciones de riesgo, recopilar y analizar la información de diversas fuentes, así como activar el Plan Escolar de Gestión de Riesgo.
Si con el paso del tiempo la respuesta ha superado la capacidad local, su atención pasará a la Mesa Departamental. Allí se plantean como acciones de respuesta y apoyo logístico: la reparación y adecuación de infraestructura educativa, primeros auxilios emocionales, normalidad de la dinámica escolar, juegos y acompañamiento psicosocial.
A su vez, los casos se exponen a los miembros del Subcomité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición Departamental.
Finalmente, se propone hacer seguimiento según el hecho y de acuerdo con la repuesta institucional regional y Plan Escolar de Gestión de Riesgo implementados.
Esta ruta fue aprobada durante la sesión de la Mesa Temática de Atención y Asistencia para Educación en Emergencia, y será presentada ante los miembros del Comité Departamental de Justicia Transicional.
Durante la jornada hicieron presencia Juan Esteban Quiñonez, subdirector de permanencia del Ministerio de Educación, delegados de la Misión de la ONU en Colombia, Consejo Noruego para Refugiados, ICFB, Procuraduría y la Agencia Colombiana para la Reintegración.
En el encuentro, además se hizo seguimiento a la alteración del orden público en los municipios del Catatumbo, lo que ha generado afectación para 44.829 menores y 2.285 maestros de 80 establecimientos educativos.
También se socializó un reporte sobre el acceso a la educación que se le ha dado a los niños, niñas y adolescentes afectados por crisis de frontera. Siendo 3.778 menores provenientes del vecino país los matriculados. De esos, 1.632 son netamente venezolanos.
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