El informe, realizado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Oriéntame, en alianza con la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, y con la colaboración de Médicos del Mundo, evidencia las barreras que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres migrantes venezolanas cuando solicitan el servicio de IVE en Colombia, el cual se encuentra despenalizado en tres circunstancias mediante la Sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional.
En el documento también se presentan algunos casos de mujeres migrantes que han enfrentado barreras para acceder a abortos seguros en Colombia, lo cual permite reconocer la importancia de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos (DSDR) para todas las mujeres independientemente de su situación migratoria.
Entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, La Mesa hizo acompañamiento legal a 21 migrantes venezolanas para acceder a la IVE y tuvo conocimiento de otros casos acompañados por organizaciones aliadas. Al analizar los distintos casos, se pudo establecer que las migrantes venezolanas no solo enfrentaron las mismas barreras de acceso que las mujeres colombianas cuando buscaron acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, sino que estas barreras tuvieron particularidades debido a su situación migratoria.
¿Cuáles son las principales barreras que se pudieron identificar?
Entre las barreras que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas se encuentra que desconocen que en Colombia el aborto es un derecho fundamental. Como resultado, las mujeres no acuden a la red hospitalaria, temiendo consecuencias para ellas como la criminalización o la deportación, lo que aumenta el riesgo de que recurran a abortos inseguros y de maternidades forzadas.
Otra de las barreras identificadas es la interpretación restrictiva que los prestadores de servicios de salud hacen del marco legal, basándose en el estatus migratorio irregular de las mujeres venezolanas que solicitan servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente de la IVE; que se evidencia en la negación de servicios, la exigencia de documentación o de requerimientos adicionales como el Permiso Especial de Permanencia o el Salvoconducto. Tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud han señalado que la población migrante debe ser atendida por urgencias, servicios entre los que se encuentra la atención del embarazo, incluido el servicio de IVE.
Otras fallas asociadas a la prestación de servicios de salud es que las IPS no cuentan con protocolos o rutas de atención para las migrantes en condición de permanencia irregular. En efecto, son víctimas de malos tratos, violencia obstétrica, se les niega el suministro de medicamentos para el dolor, se le vulnera su derecho a la intimidad y se le discrimina debido a su nacionalidad.
Por otra parte, se presentan fallas en el proceso de interposición de la denuncia por violencia sexual lo que implica una barrera para acceder a la IVE por esta causa. La denuncia no es recibida por las autoridades colombianas cuando los hechos no ocurrieron en territorio colombiano.
Las barreras en gran parte tienen origen en los limitados recursos públicos que se destinan a la atención en salud de la población migrante, debido a que no hay un pagador para estos servicios, lo cual repercute en la negación de la atención. El Estado colombiano tiene la urgente necesidad de avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sin importar su estatus migratorio. En este sentido, se deben tomar medidas administrativas y de gasto público que garanticen el pleno derecho de las mujeres a la IVE, sin ninguna clase de distinción o trato discriminatorio contra las mujeres, jóvenes y niñas migrantes.
